Tras la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley N° 7050, que aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, el Observatorio de Gasto Público de Desarrollo en Democracia (Dende), en su afán de crear conciencia en la opinión pública y buscar influir en las decisiones de las autoridades, emitió un nuevo boletín.

El mismo aborda el gasto primario como un importante indicador económico que sirve para medir la fortaleza de las finanzas públicas, pues permite visualizar cómo son cubiertos los gastos de operación o funcionamiento, así como la inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Antes de avanzar en tecnicismos, remarca que más allá de las decisiones tomadas, lo relevante siempre es el destino que se le da a los recursos de la deuda pública. “En la medida en que los mismos sean destinados a mejorar y fortalecer la infraestructura existente, constituyen una buena señal para generar expectativas y externalidades positivas, especialmente en los agentes privados”, expresa el documento.

Pero alega que lo preocupante es el incremento de la deuda, sin que esto se vea reflejado en el mejoramiento y/o potenciación de la formación bruta de capital fijo, es decir, en las inversiones.

Al tiempo de explicar que el gasto primario no toma en cuenta las erogaciones realizadas para el pago de intereses y comisiones de la deuda pública, y tampoco las amortizaciones de la misma, pues no se considera para el cálculo del resultado fiscal en la clasificación económica de los gastos.

Es decir, se busca no considerar todo el costo de la deuda pública dentro de un ejercicio fiscal, pues responde a decisiones tomadas en el pasado, que generaron el endeudamiento en el que se incurrió.