Con el tratado de Itaipú en el 2023, Paraguay tiene la oportunidad de alcanzar la meta de inversión en educación y en infraestructura, según el Segundo Boletín presentado ayer por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE). La estrategia que se propone es que se alcance el 7% del PIB en inversión en educación y hasta 20 mil millones de dólares en infraestructura.
Paraguay tiene 5 años para prepararse para negociarlo, sino podría llegar a perder la oportunidad histórica, sostienen. Esto podría generar las condiciones favorables para impulsar el desarrollo industrial exponencial del Paraguay, que aprovecha el uso de la energía eléctrica que el país hoy en día cede a Brasil y Argentina.
Este plan permitiría, como se publicó ya en Boletín 1 del GISE, cuadruplicar su Producto Interno Bruto y generar hasta 2 millones de puestos de trabajo directos, considerando el 2040 como horizonte. Esta oportunidad coincide con la convergencia de dos bonos en el Paraguay: el bono demográfico y el bono energético, menciona el informe.
Estos bonos tienen fecha de caducidad coincidente, por lo que actualmente existe una ventana de oportunidad única que puede ser la bujía que encienda la chispa que inicie definitivamente el desarrollo de Paraguay, pero no lo estará por mucho tiempo, aclararon los especialistas del GISE.
En este contexto, el inicio del proceso de desarrollo real en el país tiene una fecha de vencimiento: el 2023. En los años y décadas posteriores a dicho año histórico, cualquier intento de desarrollo nacional agresivo será mucho más complejo.
De acuerdo con índices internacionales de competitividad, urge mejorar de forma intensiva la formación de la mano de obra (educación) y desarrollar elevadas inversiones en infraestructura. Para todo esto es vital el acceso a medios de financiamiento en el país.
Para alcanzar ello, el país cuenta con una oportunidad histórica, en el 2023 enfrentará uno de los hitos más importantes de su historia moderna: la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.