Un reciente estudio estima que Para­guay necesita, pese a tener mucha más inversión pública en los últimos años, más de US$ 21.000 millones de inversión en infraestructura. "Recientemente hicimos otro estudio y el monto es mucho más alto, esto sería solo para cerrar la brecha con la región, no de los países desarrollados", mencionó Daniel Escauriza, director general de Proyectos de Participación Público Pri­vada de la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Fue durante la conferencia denominada "Experiencias sobre Alianzas Público Pri­vadas Paraguay – Uruguay" que se realizó ayer en la Uni­versidad Autónoma de Asun­ción, organizada por la STP y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). "Aunque tenemos dificultades, como por ejemplo un Presupuesto General de la Nación muy por debajo (US$ 11.350 millones), debemos ver herramientas como la Asociación Público Privada (APP) que permita financiar lo que necesitamos", agregó el director. El objetivo principal de esta conferencia fue intercambiar experiencias entre los sectores público y pri­vado de Paraguay y Uruguay, en las que se encontró varios puntos de comparación, como las dificultades y los desafíos, así como los logros.

La viceministra de Creci­miento Económico Inclusivo de la STP, Jazmín Gustale, indicó que Paraguay y Uru­guay se encuentran en una etapa similar sobre el desarro­llo de Alianza Público Privada (APP) y que mediante el acerca­miento de ambas instituciones proporcionará grandes bene­ficios para todos. Asimismo, resaltó que uno de los ejes den­tro del Plan Nacional de Desa­rrollo PND Paraguay 2030 con­sagra la inserción de Paraguay en el mundo, lo que tiene como objetivo el desarrollo sosteni­ble y el crecimiento inclusivo en esta línea de acción, el Gobierno llevó adelante políticas públi­cas que priorizan la inversión pública en infraestructura.

Por su parte, el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Germán Benítez, enfatizó que la CND en los 10 años trabajó bastante en el desarrollo de las capaci­dades vinculadas a la gestión de fondos públicos, fondos de cooperación, proyectos de infraestructura. Además indicó que la ley de APP les asigna tres responsabilidades como la asesoría al Poder Eje­cutivo y de las administracio­nes públicas contratantes, el segundo se basa en el fortaleci­miento institucional y la coor­dinación institucional.