Edilberto García creyó que perdería a su hijo para siempre cuando lo separaron de él en un centro de detención de inmigrantes en Texas. “Sentí mucho temor”, dice. No consigue parar de llorar: está aturdido por el terror de los días pasados y el alivio de haber recuperado a su chico.

Ambos viajaron por tierra desde Honduras para que Kevin, de 17 años, siguiera su sueño de ser mecánico. Con el agua al pecho, cruzaron el Río Grande que separa México y EEUU. Pero la patrulla fronteriza los detuvo el lunes y los separó. “Ese fue uno de los días más duros para mí, porque sentía que perdía a mi hijo”, dice este trabajador textil de 46 años.

Kevin, a su lado, le sonríe y le da una palmada de consuelo.

“No sé dónde me lo recluyeron. Hasta a los niños más chicos los apartaban de sus papás”, sigue Edilberto. “Había casos muy fuertes”. Cuatro días después, ambos están reunidos en un refugio católico en McAllen, una ciudad pobre, caliente y polvorienta en el casi mexicano sureste de Texas, donde las vitrinas de las tiendas exhiben vestidos de quinceañera y botas de cowboy.

Edilberto nunca entendió lo que pasó. Jamás escuchó sobre la nueva política de “cero tolerancia” de la administración del presidente Donald Trump, a raíz de la cual casi 2.000 menores han sido separados de sus padres inmigrantes en el último mes y medio, informa la AFP.

El fiscal general Jeff Sessions implementó esta medida en mayo presentándola como un disuasivo para los inmigrantes. “Hay una sola forma de evitar esto y es que la gente deje de contrabandear niños”, dijo el jueves.

El 31 de mayo, abogados y ONG liderados por la Texas Civil Rights Project pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que sus estados miembros tomen acciones contra esta práctica que denominan “tortura”. Con la política “cero tolerancia”, tanto los inmigrantes que entran ilegalmente como quienes lo hacen pidiendo asilo son separados de sus hijos, si bien los segundos no han cometido ningún delito.