Buenos Aires, Argentina | AFP |

La expresidenta argentina Cristina Kirchner asistió nuevamente este lunes a una sesión de lectura de cargos por corrupción en el juicio iniciado hace tres semanas sobre irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato (2007-2015).

Kirchner, de 66 años, es senadora y cuenta con fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser juzgada y condenada. También aspira al cargo de vicepresidenta, por el peronismo de izquierda, en las elecciones del próximo 27 de octubre.

Esta es la tercera vez que Kirchner acude al tribunal para escuchar la lectura de cargos, que no pudo finalizar este lunes y continuará el 24 de junio.

La causa, conocida como Vialidad, tiene 13 imputados y es la primera que llega a juicio oral. Se calcula que se extenderá por un año en audiencias semanales en las que deberán testificar más de un centenar de personas.

A Kirchner se la acusa de haber liderado una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez en concesiones para obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).

La exmandataria sostiene que el juicio es una "persecución política con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo en plena campaña electoral".

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, aseveró este lunes que hay un complot para judicializar a los dirigentes de izquierda en América Latina, haciendo referencia también al caso de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil.

"Se está desnudando lo que Cristina dijo siempre, que no es sólo una persecución mediática, política y judicial sino que, además, es un plan Cóndor 2", declaró el abogado a la salida de los tribunales al aludir a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante los años 1970.

Kirchner y el resto de los acusados tienen obligación de presenciar la lectura de cargos.

Contra la expresidenta están abiertas media docena de causas por corrupción, dos de las cuales ya pueden pasar a juicio oral: una por lavado de dinero a través de hoteles de la familia, en la que también están acusados sus hijos Máximo y Florencia, y otra por supuesto cobro de sobornos a empresarios para otorgarles licitaciones.