El abogado Claudio Lovera, defensor del exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, enjuiciados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, afirmó que las pruebas documentales y las testificales no probaron absolutamente nada de lo que el Ministerio Público acusó, sino todo lo contrario, se está demostrando que los ingresos obtenidos por el exparlamentario y su hijo son lícitos y por ende corresponde la absolución de culpa y pena.

“Fueron producidas las pruebas documentales y testimoniales ofrecidas por la acusación, base de la pericia. Los elementos aportados indican la realización de actividades lícitas, inclusive desde los años 70, como origen del patrimonio. No se produjo siquiera una sola prueba que señale un origen ilícito”, expresó.

Asimismo, el profesional del derecho sostuvo que el Ministerio Público no tuvo en cuenta varios elementos de prueba que hacen desvirtuar por completo la acusación planteada. Explicó que uno de los hechos más llamativos de la Fiscalía es que ofreció 25 testigos de los cuales ninguno declaró en sede del Ministerio Público; es decir, los fiscales no sabían lo que estos testigos iban a decir en el juicio.

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Lovera también sostuvo que “la Fiscalía no se dio cuenta que de los 25 testigos que citó para declarar en juicio ya cinco fallecieron antes de que se presente la acusación, entre los que está el exsenador Martín Chiola quien falleció en el 2010, ocho años antes de que se presente la imputación y acusación.

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También otro hecho irregular que se le atribuye al Ministerio Público es el caso de Jazmín Vergara, funcionaria fiscalizadora de Tributación, llamada para declarar, pero cuando empezó, explicó que ella no fiscalizó a Óscar González Daher, sino al hermano, Ramón González Daher, por lo que se retiró sin que se le hiciera pregunta alguna.

Del mismo modo durante el debate del juicio oral se pudo constatar que en los cuadros presentados en la acusación fiscal se duplicaron los datos de las propiedades de Óscar González Daher. Esta situación deja mal parado a los fiscales del presente caso sin dejar de mencionar que el ex fiscal y actual ministro Anticorrupción René Fernández fue quien inició la presente investigación.

El defensor de OGD y su hijo señaló a la prensa que en la fiscalización realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación se verificó que en un periodo de cinco años, OGD tuvo una facturación, producto de los alquileres, de G. 3.000 millones. El abogado reconoce que los fiscalizadores indicaron que no se declararon los impuestos, por lo que si bien habría evasión impositiva, esto indica que las ganancias fueron lícitas, pero que el Ministerio Público no imputó ni acusó a su defendido por evasión.

Según la defensa, pese a la alta bancarización de los dos procesados, ya que utilizaban bastante el sistema bancario, la Fiscalía no investigó las documentaciones que podrían proporcionarles. Alega que presentaron todos los títulos de los 93 inmuebles, la mayoría adquiridos antes de la etapa investigada, y que estaban alquilados, pero la Fiscalía no hizo el trabajo de constatarlo.

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