El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Sil­vio Ovelar, solicitó la sus­pensión por el término de un año de la entrada en vigen­cia de la Ley 6.059/18, que modifica el Código de Orga­nización Judicial y amplía funciones de los juzgados de Paz hasta tanto se realice la reglamentación respectiva, se determinen los insumos necesarios, factor humano y tecnología, así como los costos y se disponga la asig­nación o provisión de los recursos presupuestarios necesarios para su inclu­sión en el próximo ejercicio fiscal.

La Ley N° 6.059/18 amplió las funciones de los jueces de Paz en el ámbito Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la Adolescen­cia. La norma también dis­pone que los jueces de Paz tengan la facultad de dispo­ner las medidas de protec­ción urgentes para niños en casos de vulnerabilidad. La misma fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero rati­ficada y sancionada por la Cámara de Senadores.

Ya el 29 de mayo pasado Torres Kirmser remitió un dictamen al senador Fer­nando Silva en su carácter de titular de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta. El documento señala que es preocupante que la modificación legislativa que se plantea no haya sido precedida de un diagnóstico adecuado y sobre bases cien­tíficas de cómo se están lle­vando actualmente las com­petencias que ya tiene ahora la Judicatura de Paz, en tér­minos de eficiencia y eficacia del servicio a las personas usuarias, diferenciadas por regiones y por áreas rurales y urbanas.

También menciona en la nota que en la actualidad los juzgados de Paz de la capital y otros centros urbanos den­samente poblados ya afron­tan una enorme carga labo­ral, con no menos de 12.000 a 18.000 casos por año, en promedio. “Esta canti­dad de casos ya hace difícil hoy atender debidamente todos los litigios y cumplir con los plazos procesales. La nueva ley solo agravará esta circunstancia”, indica el escrito.