Ciudad del Este. Agencia Regional.

“En el interior del país, el 100% de las deman­das por asistencia alimenti­cia corresponden a mujeres de alta vulnerabilidad, gente de campo, de escasos recur­sos, de nivel socioeconó­mico y educativo bajos, cuya actividad es en la chacra y la casa”.

Son datos revelados en el estudio sobre los juicios de asistencia alimenticia y su vinculación con el derecho a la protección de la niñez y adolescencia en Paraguay. El resultado del estudio fue socializado en la sede judicial de Ciudad del Este. Asistieron actores de instituciones vin­culadas a los derechos de la niñez, además de jueces y fun­cionarios del Poder Judicial.

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Presentación del estudio sobre juicios por prestación alimentaria en sede judicial del Este.FOTO: GENTILEZA

Estadísticas de Juzgados del interior confirman lo que en forma extraoficial se maneja desde hace décadas. En las 6 jurisdicciones que abarcó el estudio se observó un aumento en los últimos 3 años, de casos de asisten­cia alimenticia Sin Acuerdo: 66,3% (2015), 69,8% (2016), 81,3% (2017) y con un elevado porcentaje de incomparecen­cia de 83,1% (2015), 76,3% (2016) y 79,4% (2017). En la duración de los procesos, se observa que el tiempo va desde 180 días (17,3%) hasta 1.455 días (4 años).

El documento fue elaborado en el marco del Programa de Democracia y Gobernabili­dad de la Agencia de los Esta­dos Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid/Para­guay), implementado por el Centro de Estudios Sociales y Ambientales (Ceamso). La coordinación del estudio estuvo a cargo de Enfoque Niñez y la abogada Alejandra Rodríguez fue quien estuvo al frente.

PREDOMINANTE EN JUZGADOS

El informe detalla que, de los 68 tipos de juicios existen­tes en el ámbito de la niñez y la adolescencia, en 8 de ellos (Asistencia Alimenticia, Aumento de Asistencia, Dis­minución de Asistencia, Asis­tencia Prenatal, Ofrecimiento de Asistencia, Homologación de Acuerdo, Filiación y Venia para viajar) se concentra más del 50% de la carga laboral anual de los Juzgados. En este punto, la abogada Alejandra Rodríguez, coordinadora del estudio, mencionó que, aun­que parezca increíble, la noti­ficación al demandado es una de las trabas para la celeridad de los procesos.

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