La Cámara de Apela­ción, integrada por Pedro Mayor Mar­tínez, Gustavo Santander y Delio Vera Navarro, anuló la absolución de los médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) Blas Centurión y Anto­nia Acosta, quienes fueron acusados por homicidio cul­poso tras el fallecimiento de un recién nacido, ocurrido en el año 2011. Asimismo, orde­naron el reenvío de la causa a fin de que otro Tribunal de Sentencia lleve adelante un nuevo juicio oral y público.

"Queda claro que la decisión recurrida no puede cobrar vigencia si adolece de defec­tos que la tornan ineficaz, ya que al encontrarse esta fun­dada en total contravención a las reglas previstas para los actos procesales que le son permitidos a los jueces com­petentes en la presente etapa procesal, se ha incurrido en violación a los derechos y garantías previstas en nues­tra legislación, razón por la cual amerita la anulación de la sentencia", señala parte de la resolución judicial.

Los magistrados mencionan que una vez resuelta la nuli­dad de la sentencia recurrida, como cumplimiento del prin­cipio de inmediatez, el Tribu­nal de Alzada no posee facultad de emitir una nueva decisión, por lo que corresponde reen­viar el caso a primera instan­cia para que otro Tribunal de Sentencia lleve a cabo un nuevo juicio oral y se analicen las cir­cunstancias del hecho y dere­cho, así como el caudal proba­torio ofrecido por las partes.

En primera instancia, los jue­ces Héctor Capurro y Juan Car­los Zárate votaron por absolver de culpa y pena a los médicos Centurión y Acosta. Mientras que la jueza Cynthia Lovera votó por condenar a ambos.

En su momento, los dos magistrados argumentaron que la madre del pequeño Pablo Ibarra, Amelia Rodrí­guez, cayó en contradiccio­nes en su relato de los hechos y que quedó demostrado que fue ella quien mató a su propio hijo al no colaborar en el tra­bajo de parto y sentarse sobre el mismo por 5 a 7 minutos.

De acuerdo a Lovera, los dos acusados son culpables del hecho investigado, ya que el bebé murió por asfixia, la madre estaba acostada en una camilla y sedada con anestesia regional. Apuntó que los médicos violaron el deber del cuidado al no rea­lizar estudios previos para ver si la paciente necesitaba de una cesárea para no poner en peligro al bebé. La magis­trada concluyó que los dos doctores son culpables de la muerte del recién nacido, ocu­rrida el 5 de agosto del 2011 en el Hospital Central del IPS.