El fiscal de la Unidad de Delitos Económi­cos, Leonardi Gue­rrero, formuló imputación por los delitos de producción de documentos y uso de docu­mentos públicos de contenido falso contra el actual con­tralor, Enrique García. Asi­mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternati­vas a la prisión para García.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Munici­palidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.

El fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

El Ministerio Público ini­ció una investigación contra Enrique García en el 2016, que primero estuvo a cargo de la fiscala suspendida, Nadine Portillo.

El hecho fue investigado en principio como lesión de confianza por presunta omi­sión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbi­tral que condenó al munici­pio de Asunción a pagar a la firma Ivesur. La negligencia sería del ex director jurídico de la comuna Enrique Gar­cía, quien debía presentar la apelación correspondiente al presente caso.

El hecho se pudo corrobo­rar mediante decisión de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Asun­ción, primera y quinta salas, que señalan que la Municipali­dad de Asunción no recurrió el fallo condenatorio que dispone abonar la millonaria suma de US$ 3,6 millones a Ivesur en concepto de indemnización.

De acuerdo a los datos que se manejan, el entonces funcio­nario de la dirección de Ase­soría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presun­tamente el encargado de pre­sentar el escrito de apelación.

En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con peri­cias realizadas a los funcio­narios de dicha dependencia judicial, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.