Debido a los numerosos incidentes que se presentaron durante el desarrollo de la audiencia preliminar realizada por más de tres días, la jueza penal de Garantía Rosarito Montanía recién el lunes resolverá si eleva o no a juicio oral y público el proceso penal que soporta el ex ministro de la Niñez y la Adolescencia, José Orué Rolandi, y la proveedora del Estado, Nancy Godoy, acusados por haber causado un perjuicio al Estado de aproximadamente G. 6.600 millones en la compra de alimentos para niños.
La magistrada analizará todos los planteamientos hechos por cada una de las defensas de los dos acusados para luego tomar una determinación, lo cual puede ser que el proceso se eleve a juicio oral o de lo contrario se haga lugar al sobreseimiento solicitado por las defensas.
El fiscal del caso, Leonardo Guerrero, se ratificó en todos los puntos de la acusación fiscal y pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público. El representante del Ministerio Público sostiene que existe gran cantidad de pruebas para demostrar la responsabilidad de los dos acusados en un juicio oral.
Los abogados defensores habían solicitado el sobreseimiento definitivo porque no se cometió ningún delito. Álvaro Arias, representante legal de Godoy, había planteado a la Procuraduría General de la República resarcir el daño ocasionado por su representada, pero la mencionada institución se negó a la propuesta hecha por la acusada.
ACUSACIÓN
Para la Fiscalía, el ex ministro Orué Rolandi incurrió en irregularidades al autorizar y dar pie a todo el proceso licitatorio "sin contar con los cálculos de proyecciones para estimar la cantidad de beneficiarios para poder establecer la cantidad de productos a ser adquiridos, lo que habría ocasionado que no puedan cumplirse los objetivos de los programas que fueron presupuestados por el Ministerio de Hacienda".
Godoy es la representante de la empresa Granos y Aceites, adjudicada en el 2012 por la SNNA para la compra de alimentos destinados a niños y adolescentes en situación de calle, dentro del marco de los programas estatales Abrazo y Painac.
La firma debía cubrir el desayuno, almuerzo y merienda de 54 centros comunitarios y de protección durante un año, específicamente el 2013.