El perjuicio de US$ 600 mil sigue siendo un riesgo para el Estado paraguayo a causa del conve­nio que firmó en su época de ministro de Obras Públicas el hoy senador Salyn Buzar­quis, quien afronta un juicio oral por lesión de confianza a definirse mañana.

El contrato firmado por Buzar­quis en el 2012 con la compañía italiana Anas para estu­dios viales en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú no tiene fecha de vencimiento, estipula renovación automá­tica y como no hay rescisión, sigue vigente en la actualidad.

Uno de los convenios con Anas para obras en el Chaco con renovación automática, que hasta hoy ninguna de las partes cesó.
Uno de los convenios con Anas para obras en el Chaco con renovación automática, que hasta hoy ninguna de las partes cesó.

Lo más grave es que deja en desventaja al Paraguay, ya que se realizaron los trabajos y vinieron misiones de técni­cos extranjeros en el marco del plan acordado cumpliendo la contraparte con su compro­miso, y puede requerir los pagos en cualquier momento.

La Fiscalía señala además que como el convenio se firmó en el exterior, Paraguay pierde ventaja ante eventualidades y deberá someterse a normas ajenas. Carece de jurisdicción estable para posibles litigios, por lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, advierte el Ministerio Público.

Buzarquis busca zafar de la Justicia por el clavo de US$ 600 mil que le dejó al Estado para­guayo. Sin embargo, pruebas documentales no lo favorecen.

En carpeta fiscal aparecen documentos que prueban que comprometió US$ 600 mil cuando tenía la alternativa de realizar gratis los mismos tra­bajos a través de una coopera­ción no reembolsable.

Un mes y medio antes de fir­mar el convenio con Anas, el ex ministro apuraba al Minis­terio de Hacienda para gestio­nar la ayuda económica de US$ 800 mil por parte de la Cor­poración Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Rehabilitación y Manteni­miento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”. Los estudios eran los mismos planteados con los italianos.

Si tenía a disposición una cooperación no reembolsa­ble, ¿para qué comprometer con US$ 600 mil al Estado?, es el cuestionamiento de la Fis­calía que Buzarquis no logra rebatir.

El Ministerio Público se rati­fica en que hubo lesión por­que se firmaron obligaciones de pago vía convenio, docu­mentos que hasta la fecha siguen vigentes, por tanto Paraguay sigue atado a la obligación de pago.