El atentado contra el fiscal Mar­celo Pecci por parte del crimen organizado sigue impactando profundamente al país. Todos los sectores de la ciudadanía honesta se han sentido golpeados, en especial aque­llos vinculados con la investigación y represión del delito, quienes sostienen que hay que intensificar la lucha empren­dida por el fiscal desaparecido. Hasta otros países se han mostrado preocupa­dos por el hecho y desean prestar su cola­boración en el esclarecimiento del asesi­nato y el combate sin frontera del crimen organizado. Pocas veces la muerte de un ciudadano paraguayo ha tenido tanta repercusión internacional y golpeado con tamaña fuerza la sensibilidad de la gente.

Para muchos observadores del país resulta casi increíble cómo un asesinato que aconte­ció en otra nación y a más de 7.000 kilóme­tros de Asunción pueda afectar tan fuerte­mente al Paraguay, que hasta hace temer que pueda incidir en la actividad econó­mica, como ahuyentar la llegada de nuevas inversiones y actividades relacionadas con el comercio internacional.

Los temores que se tienen en ciertos círculos de la actividad económica no son exagera­ciones, pues se conocen de sobra los reque­rimientos del comportamiento habitual de los inversionistas y de las empresas que necesitan ciertas garantías y seguridades para desarrollar sus proyectos económicos productivos. Una nación convulsionada por el delito o que no pueda dar suficientes segu­ridades a los que quieren invertir no atrae el interés de nadie. En tanto que un país en que se pueda trabajar con tranquilidad, con estabilidad política, social y económica es un fuerte polo de atracción del capital forá­neo. Como afirmó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, la falta de seguridad y de respeto a la institu­cionalidad pueden ahuyentar las inversiones internacionales, que sería uno de los peores castigos para la economía paraguaya.

Construir credibilidad, mejorar la confianza y dar seguridades son imprescindibles para que el capital extranjero y sus proyectos lle­guen al país y de ese modo se pueda mejorar la situación económica general mediante sus efectos multiplicadores. Este triste aconte­cimiento debe servir como una lección deci­siva para asegurar la tranquilidad interna mediante el combate sin claudicaciones al crimen organizado y sus conexiones. Y para apostar por el país del trabajo fecundo, la producción, el comercio garantizando fuer­temente la calma de los que lo habitamos.

Todo lo cual será posible solamente mediante la apuesta efectiva del Gobierno en la persecución del delito y los maleantes, sin tregua ni debilidades. Este es el prin­cipal desafío que los acontecimientos del momento actual ponen frente al Estado y sus instituciones. Porque la situación en que nos encontramos requiere certezas, decisio­nes valientes y actitudes que puedan ayudar a conseguir resultados concretos en el plazo más breve posible. Debido a todo esto es imperativo que las autoridades nacionales, algunas de las cuales se están distrayendo en asuntos secundarios, tomen conciencia de la grave situación que implica la amenaza del crimen organizado. Y encabecen una cam­paña de guerra total contra el narcotráfico y otros delitos conexos que están poniendo actualmente en zozobra la estabilidad polí­tica y económica de la nación.

El asesinato del fiscal Marcelo Pecci no es solo un sonado crimen, con sus espectacu­lares repercusiones mediáticas nacionales e internacionales. Es la advertencia de los cri­minales de que el Paraguay puede conver­tirse no solo en su domicilio, sino también en su coto de caza, el territorio que les per­mite realizar sus actividades criminales sin molestias. Y revela que se están apoderando rápidamente del país ganando más espacios y poder para asegurar sus nefastos negocios.

En este momento que tiene su cuota de incertidumbre, hay que garantizar a la nación que la economía se desarrolle con fuerza, que las empresas y las personas pue­dan trabajar en paz, sin las interferencias ni los obstáculos que les impidan avanzar. Ase­gurar todas las condiciones para producir, intercambiar tecnología y comercializar con normalidad. Aumentar las nuevas fuentes de trabajo para dar más empleo y combatir la pobreza. Así como la máxima prioridad del momento es el combate al crimen organi­zado, la más importante inversión es apoyar la actividad económica. Solo de ese modo se podrá avanzar con seguridad por los cami­nos que conducen al progreso y el bienestar de cada vez mayor cantidad de personas.