La caída de dos ministros en ape­nas 48 horas por vínculos con sindicados como narcotrafi­cantes, en medio de gigantescas operaciones que están desmantelando verdaderas urbes paradisiacas construi­das con ilícitos, además de frondosos pre­cedentes para este gobierno, dejan a la vista la poca sensatez en términos de ins­titucionalidad. Están destrozando la moral de las insti­tuciones del Estado, de las cuales for­man parte miles de funcionarios dignos y sacrificados que sí tienen amor a sus res­pectivas entidades.

Antes de cualquier conjetura que se pudiera tejer con la amistad del hoy ex ministro del interior Arnaldo Giuzzio, así como lo sucedido con el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, está el poco interés y el cuidado que tuvieron con sus respec­tivas investiduras. Estos y otros funcio­narios que coquetean con grupos o per­sonajes alejados de las leyes perjudican enormemente la integridad como la cre­dibilidad de las ya muy golpeadas institu­ciones estatales.

Las cabezas de las instituciones o enti­dades deben predicar con el ejemplo las buenas conductas para no atentar contra los principios de honestidad del funcio­nariado.

Las destituciones de los dos ministros los perjudicó en sus cargos; sin embargo, esto daña mucho más aún si se dimensionan la imagen y la credibilidad como Estado. Los altos funcionarios, políticos con car­gos de peso, tienen que entender que se deben a la investidura que llevan y cuidar el cargo en todos los aspectos, más aún en las amistades peligrosas en las que pudie­ran caer.

Los falsos discursos, como los que que­daron evidenciados por parte del defe­nestrado Giuzzio, que ante las cámaras atacaba ilícitos, pero detrás de ellas en la realidad, y si se quiere decir en su inti­midad, estaba embarrado en conexiones turbias que dejan una terrible decepción hacia los hombres del poder que, lastimo­samente, se extienden a las instituciones.

Es inconcebible dentro del raciocinio que un ministro del Interior, a quien se le confía la política de seguridad interna de todo un país, esté vinculado y, peor, acuda a préstamos de lujos de personas sindi­cadas como narcotraficantes. Lo mismo se puede decir de los dudosos intercam­bios comerciales entre el ex ministro de la SEN y la empresa de uno de los consi­derados brazos logísticos en el negocio de estupefacientes.

No hay margen atribuido para el error cuando un ordenador de gastos otorga millonarios contratos directos a todo el clan de un proveedor, que luego termina financiando a cuotas la compra de un yate a quien le adjudicó negocios con el Estado.

Estos lamentables precedentes que sal­taron tras estos megaoperativos antinar­cóticos son indicadores de lo dañada que está la estructura estatal. El país debe seguir y retomar el rumbo de la con­fianza.

Los últimos acontecimientos generan mucho temor, mucha desconfianza. Los políticos y funcionarios de todos los nive­les deben comenzar una ardua tarea para recuperar o, al menos, intentar proyectar transparencia, credibilidad y tranquili­dad a la ciudadanía.

La sociedad viene experimentando un proceso de transparencia del cual no hay retorno, lo que implica que todo está bajo la lupa, no hay posibilidades de espacios para situaciones ni acciones engorrosas. Los funcionarios del Estado que no com­prendan la responsabilidad del cargo en la línea del honor evidentemente quedarán fuera, tal como ocurrió en estos días.

No basta con ser eficientes en las tareas, los funcionarios que ocupen cargos en cualquier escalón de la estructura estatal deben saber cuidar la investidura que tie­nen porque ella implica confianza en las funciones que realicen. Este principio de honorabilidad es inseparable de los roles. Los últimos acontecimientos desafían de manera fuerte a los servidores públicos a un comportamiento sano, sin picar­días en los vínculos que puedan mantener para así ser custodios de los intereses de la gente desde el lugar que les toque.