En círculos empresariales han anunciado que apoyan la promulgación de una nueva ley que castigue con más rigor el contrabando. Esperan que con una nueva norma se pueda poner freno a ese delito que está causando grandes perjuicios a numerosas empresas que dan empleo formal a miles de trabajadores del país. Es bueno crear todo tipo de disposiciones jurídicas que ayuden a penalizar a los delincuentes que se burlan del país formal que necesitamos.

Serán de mucha ayuda para buscar el castigo de los que financian, realizan y apoyan el ingreso de mercaderías sin cumplir las leyes para comercializarlas en la economía negra. Toda disposición que ayude en la tarea de atacar a los bandidos es saludable y debe ser bienvenida. Pero conviene no olvidar que el delito del contrabando y la informalidad no son solo una cuestión del orden jurídico.

El drama económico, jurídico y social del contrabando requiere mucho más que algunas leyes que lo repriman y castiguen a los delincuentes. Ese delito constituye una compleja trama que abarca numerosos aspectos de nuestra realidad. No se trata solo de la mercadería que ingresa sin los controles. Incluye al sistema delincuencial que financia, vive y alienta todo el campo de la economía informal. Y comprende a miles de personas, desde los funcionarios corruptos de varias dependencias públicas hasta los paseros que traen las mercaderías, pasando por los que intervienen en el transporte, el depósito, la distribución y la comercialización final en los puestos de venta de los mercados y de la calle. Además de los empresarios de la delincuencia, que ponen la plata y financian todo el operativo para burlar las leyes a cambio de fuertes ganancias que no figuran en los libros contables ni pagan impuestos.

El problema de fondo de la informalidad no es solo el orden jurídico. Es sobre todo la falta de contención del delito ya en la frontera, la persecución de las mercaderías ingresadas para que sean incautadas, la identificación de los responsables y la denuncia de todos los que intervienen en esa trama de la economía negra. Para que luego la Justicia les aplique el castigo que corresponde.

La tarea fundamental es que los organismos estatales trabajen con eficiencia en encarar todas las fases del complejo informal. Hay que comenzar en los pasos fronterizos, donde se debe impedir el ingreso sin control legal de las mercaderías, para lo cual se requiere que las fuerzas públicas demuestren sobre todo patriotismo y no interés por propinas asquerosas. Los artículos que entran ilegalmente deben ser incautados para que el contrabando no sea un negocio rentable, sino una pérdida para los ilegales. A los que traen mercaderías de contrabando, los que las transportan y las comercializan, se les debe someter a acciones penales, con cárcel incluida. Igual que a los financistas que no arriesgan el pellejo como los otros, pero se enriquecen con el negocio turbio.

Así como se trata de impedir el ingreso ilegal, los organismos públicos deben atacar la oferta del contrabando disponible en todas sus formas. Por eso deben hacer un estricto control de los comercios que ofrecen productos ilegales. Tanto los almacenes y tiendas, como los puestos callejeros y públicos donde se exhiben con desparpajo toda suerte de artículos contrabandeados para la venta. Es incomprensible ver en las calles y plazas puestos de comercialización con ofertas del contrabando sin que nadie actúe. Es difícil creer en el interés del Gobierno de reprimir el contrabando cuando se ven lugares públicos llenos de productos ilegales. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) debe intervenir esos negocios para cobrarles las multas, proponerles la formalización e inscribirles como contribuyentes. Toda transgresión que se deja sin castigo es un incentivo para seguir actuando en contra de las normas. Lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto, porque el que infringe la ley debe pagar su delito y ser conminado a modificar su conducta.

La lucha contra el contrabando no es solo hacer nuevas leyes, sino principalmente actuar contra el delito en todos los niveles: en la frontera, en las rutas, en la calle, en los mercados y en toda la sociedad. Sensibilizando sobre sus efectos nefastos y creando conciencia sobre la necesidad de apostar por la formalidad si queremos un país mejor.