Contra todos los estándares de profesionalización de cualquier entidad, la senadora Lilian Samaniego consiguió su primer cometido de abrir un camino para cupos políticos en la Cancillería con el riesgo de vulnerar la carrera diplomática.Esta ventana abierta debe estar bajo la lupa de la prensa y la ciudadanía, considerando la delicada misión del Ministerio de Relaciones Exteriores para nuestras relaciones internacionales de las que dependen intereses comerciales, políticos y de todo tipo. El reemplazo de técnicos diplomáticos por recomendados, además de ser un retroceso, podría dejar desalentadoras consecuencias.

Masivas denuncias ya han alertado sobre este proyecto aprobado en general en estos días bajo el ropaje de modernización “Del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”.

La iniciativa habla de innovación, pero en la realidad esto se traduce en un pase legalizado para la designación de políticos en cargos diplomáticos.

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Los funcionarios se habían puesto de pie contra la intención de activar cupos políticos en la Cancillería tras esta nueva normativa. Sin embargo, el proyecto logró introducirse en la institución por lo que es un momento clave para abrir un proceso de control público que siga la orientación de los cambios.

Una herramienta muy importante que puede quedar al margen es el concurso de oposición ya que con la nueva ley se habilita nombramientos de embajadores y cónsules sin necesidad de competencia de méritos. Esto, además de ir contra las disposiciones de la Secretaría de la Función Pública para todas las instituciones del Estado, es un enorme retroceso en los mecanismos de selección en la Cancillería, que hasta ahora cuenta con la disposición de incorporar solo funcionarios de carrera acorde a los tratados internacionales.

Otro aspecto no menor que puede resultar un bochorno es el deliberado proselitismo a desatarse en detrimento de la seriedad y el estatus de la institución, según también habían alertado desde adentro del funcionariado.

No se trata de discriminar. Hay políticos muy bien formados, muy bien preparados con estudios de alto nivel que evidentemente pueden aportar en la institución, pero que cualquier cupo o cargo se otorgue con base en concursos de méritos, así quede plasmado que los nombramientos son merecidos.

El tema es no politizar la carrera con recomendados que ingresen sin noción ni experiencia en la carrera diplomática.

Los parlamentarios están obligados a blindar la misión de nuestra Cancillería y hacer un minucioso estudio de los aspectos positivos como negativos del mencionado proyecto ya aprobado en líneas generales.

En tiempos en que no podemos darnos el lujo de la informalidad y en los que dependemos de las relaciones internacionales, se torna crucial que la modificación de la normativa que afecta a la Cancillería sea realmente de modernización. Los entes de control como los pagadores deben estar involucrados para que los funcionarios que se incorporen sean eficientes, bien formados, dignos de representarnos en el extranjero.

Abogamos por un minucioso estudio que priorice la formación técnica y el cuidado del futuro de nuestra institución ante la comunidad internacional.

Blindar a la institución y al país de ascensos sin sustento e ingresos masivos de políticos, recomendados sin preparación que atenten contra el plantel de funcionarios meritorios son básicamente los aspectos más cuestionados del objetivo de liberar del concurso de oposición.

La Cancillería no puede volver atrás con prácticas de cuoteos, insostenibles para los momentos que vivimos.

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