El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que buscará la transparencia en las compras del Estado. Afirma que estas nuevas medidas pretenden encauzar por el rumbo adecuado a la maquinaria de adqui­siciones de los organismos públicos. La administración central del Gobierno, las entidades descentralizadas y otras empre­sas estatales son las mayores consumido­ras de bienes y servicios del país. Por sus adquisiciones anualmente se erogan miles de millones de dólares provenientes de las contribuciones del pueblo, y con mucha frecuencia son objeto de denuncia por irregularidades que perjudican los intere­ses de la nación.

El documento es uno más de los que ha prepa­rado en los últimos años el Gobierno central para ir mejorando la administración estatal a través de nuevas leyes. Aunque en el Poder Legislativo no se han expedido aún sobre los otros proyectos de ley que con el mismo pro­pósito se han presentado para su estudio.

El proyecto de ley de suministros y compras públicas contiene numerosas disposiciones que tienen como objetivo principal mejorar los gastos del Estado mediante el uso ade­cuado de los recursos públicos. Busca impe­dir las compras y contrataciones innecesa­rias y hasta fraudulentas, que son habituales en la actuación de las empresas estatales, y que con motivo de la emergencia sanitaria se han hecho muy evidentes, según los casos enviados a la Justicia para su investigación.

Las disposiciones que contiene el proyecto se enfocan en las compras y también en todo el proceso que lleva a la adquisición de los bie­nes y servicios concursados. Por ello incluye disposiciones que hablan de qué productos se van a adquirir, cómo será el pago de los artí­culos y si las cosas adquiridas se están utili­zando adecuadamente de conformidad con lo planificado.

Sistema Nacional de Suministro Público será la denominación del proceso de las dis­tintas etapas que concluyen con las compras del Estado. Con el nuevo orden jurídico pro­yectado se quiere modificar el enfoque de la compra pública, que hasta ahora solo elige lo más barato. De ahora en más se buscará además considerar la calidad, el ciclo de vida del producto, los costos de mantenimiento, la satisfacción de los ciudadanos, elemen­tos que intervienen en el valor del artículo, no solo en dinero, sino en ahorro, eficacia y eficiencia.

A la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se le dará un papel más decisivo en las compras que haga el Estado, por lo que tendrá el control de las transacciones con­juntas obligatorias y la estandarización de los bienes y servicios que se adquieran. Esto con el propósito de lograr mejores precios y haciendo uso de la economía en escala.

El proyecto de ley que recibió el Congreso no es perfecto, pues necesita que se amplíen las funciones de algunos organismos, se deter­minen con más rigor algunos controles, se busque agilizar el engorroso aparato estatal. Y, sobre todo, que no aumente la lentitud de la burocracia pública, cuya pachorra enfermiza es uno de los principales defectos del Estado.

La nueva norma es no solo necesaria sino urgente si se tienen en cuenta los vicios cróni­cos del aparato estatal que permite la corrup­ción que se ha enraizado en su estructura.

No hace falta ser muy entendido en la mate­ria para reconocer que entre las irregu­laridades más frecuentes en las compras públicas están las sobrefacturaciones que se ejecutan con diversos procedimientos que encubren el delito. Otra de las anomalías fre­cuentes es el direccionamiento de las ofertas hacia ciertos proveedores emparentados con el poder político, lo mismo que los intentos de estafa que adquieren diversas inocentes denominaciones.

La historia del país está llena de casos de corrupción en las compras públicas, que han posibilitado las fortunas de personajes vin­culados a la política y a la función pública. Un ejemplo de ello es que, en el último año, 85 de las 202 licitaciones que se hicieron para compras destinadas a enfrentar la pandemia tuvieron que ser investigadas debido a pro­testas o denuncias, en que la sobrefactura­ción y el direccionamiento de llamados enca­bezan la lista de reclamos.

Todas las normas que se hagan y las decisio­nes que se tomen para precautelar la trans­parencia de las compras públicas son impres­cindibles. Y tendrían que aprobarse con rapidez para atacar la corrupción.

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