La situación de emergencia sanita­ria que repercute seriamente en las finanzas públicas hace pensar que el Gobierno necesitará este año de más fondos para hacer frente a las crecientes necesidades. Y como las recau­daciones tributarias y otros ingresos ofi­ciales no se perfilan como suficientes por los gastos desmedidos, el Gobierno tendrá que recurrir a más endeudamiento, como acostumbra hacer desde un tiempo atrás, cuando necesita dinero.

Técnicos del Ministerio de Hacienda están analizando un proyecto de ley para obte­ner más recursos. Se pretende una norma similar a la Ley 6524 de Emergencia del año pasado que autorizó la contratación de préstamos por valor de 1.600 millones de dólares.

Si bien no se ha dado aún una información oficial, en círculos económicos entienden que debido a las circunstancias financieras excepcionales es posible que el Gobierno vuelva a pensar en una nueva ley de emer­gencia. En Hacienda se habla de que para mejorar la asistencia a los sectores más golpeados es necesario extender algunas medidas de contingencia establecidas en la referida norma que rigió solo para el 2020.

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La preocupación surge porque el Insti­tuto de Previsión Social (IPS) y el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) tie­nen escasos recursos, lo que haría necesa­rio encontrar más fondos para continuar con las compensaciones a los trabajadores suspendidos y con nuevas líneas de crédi­tos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en emergencia.

Esto cobra ahora mayor importancia ya que por las nuevas disposiciones de aislamiento que rigen desde ayer mar­tes muchas mipymes dejarán de ope­rar y miles de trabajadores quedarán sin ingresos al ser suspendidas sus tareas. La medida perjudicará fuertemente a los bares, restaurantes y afines cuyos propie­tarios sostienen que con la prohibición de que la gente salga después de las 20:00 no les resultará el negocio y decidieron cerrar sus puertas y suspender a sus trabajadores.

Se ha descartado la posibilidad de entregar nuevos subsidios directos y la moratoria de impuestos, como se hizo el año pasado. En cambio, siguen vigentes la suspensión del pago de anticipos de impuesto a la renta, los períodos de gracia para el cumpli­miento de préstamos en los bancos públi­cos, el aporte obrero patronal al IPS, las reducciones en la amortización del IVA y la postergación de los pagos de servicios por agua y energía eléctrica.

La idea es que se haga una reasignación de fondos de los más diversos organismos estatales incluidos en la ley actual de pre­supuesto. Pero se estima que eso no alcan­zará y las recaudaciones no garantizan la cantidad de dinero que se necesita. Por ello se recurrirá a la nueva ley de emergencia que permita contraer más préstamos.

La Ley 6524 de Emergencia del 2020 auto­rizaba al Gobierno a contratar préstamos por 1.600 millones de dólares a ser destina­dos a financiar las medidas de emergencia requeridas y a enfrentar los efectos econó­micos provocados por la crisis sanitaria.

De los 1.600 millones de dólares, el Estado destinó 538 millones para salarios del sec­tor público, pensiones a jubilados y pen­sionados, además de Tekoporã y adultos mayores. Se usó 472 millones para pro­tección social, en tanto que 422 millones se canalizaron para Salud Pública. Para cubrir los subsidios de servicios públicos se han utilizado 107 millones, mientras que para las mipymes y capitalización se gasta­ron 61 millones de dólares.

Luego de un año de la promulgación de esta norma, el Estado se encuentra sin recursos suficientes para encarar las necesidades que surgen en la actualidad. En el Ministe­rio de Hacienda esperan tener listo el pro­yecto de ley para los primeros días de mayo para su presentación al Poder Legislativo.

El proyecto de préstamo sería inicialmente de 100 millones de dólares, aunque si las condiciones lo requieren se podría ampliar al doble de esa suma. Hay sectores que cuestionan que el Estado se vuelva a endeu­dar una vez más, y aducen que con eso se aumentará el riesgo de estabilidad. Pero también hay gente que opina que al margen de las discusiones sobre la pertinencia o no de recurrir a un nuevo endeudamiento, en este momento lo importante es que el Gobierno tenga los recursos que necesita para los gastos de la emergencia actual. Pues sostienen que la lucha contra la pan­demia sigue siendo de absoluta prioridad.

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