Defender la eficiencia del gasto público es innegociable porque es el fundamento de nuestra política fiscal. Esto nos permite como país cumplir las metas de desarrollo económico y social. A su vez, el ahorro producido por este uso racional debemos sentirlo de manera tangible con la aceleración del crecimiento productivo, en la reducción de la pobreza, en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, en mejorar nuestra calidad de vida, entre otros beneficios para todos.Pero racionalidad y eficiencia del gasto público no deben ser entendidos como simple austeridad, que solamente es un ejercicio de sencillez y moderación. La cordura en el gasto público implica dejar de malgastar en cosas innecesarias y superfluas para direccionar ese ahorro a la inversión que mejore las instituciones públicas –mejor infraestructura, mejores servicios a la ciudadanía, mejor talento humano–, fortalecimiento que a su vez se revierta en atender las necesidades de la gente.
En este marco de la racionalidad del gasto público se debe incorporar la mirada de la equidad, a propósito del decreto del Ejecutivo 3.264/2020 que reglamenta el Presupuesto General de la Nación (Ley 6.469/2020) y pone topes a los beneficios de los servidores públicos. Se impone la revisión presupuestaria a las diferentes instituciones afectadas por el citado decreto, así como el examen de su rendimiento y el retorno cuantitativo y cualitativo que estas hacen al Estado y la sociedad.
Azuzar a ultranza la simple austeridad del gasto público va más allá de la ceguera y roza la necedad. Así como es torpe que desde las filas de los servidores públicos insistan en la ideología del parasitismo. Para todos es muy buen negocio que nuestro país avance hacia el desarrollo económico y social, lógicamente eso implica asumir un compromiso serio con el Paraguay, autocrítica de todos los sectores sobre su aporte a la patria, madurez política para los partidos y el fin de sus prácticas prebendarias, racionalidad en las prerrogativas que como empresarios recibimos del Estado, sensatez y equidad en los beneficios de los funcionarios públicos.
En los últimos días, un nuevo tema concentra la atención de la población y los titulares de los medios de comunicación, los reclamos sindicales por tope a sus beneficios y la postura del Ejecutivo de mantenerse firme en dicha decisión. No podemos negar que los contribuyentes están hartos de pagar impuestos y no tener en forma: energía eléctrica, agua potable –y que además sea apta para el consumo–, educación de calidad, seguridad real, entre otros servicios ausentes o deficientes. Pero no todo es culpa de los “funcionarios ineficientes”, sino también de politiqueros que no construyeron la patria cuando fueron autoridades.
Sostenemos con firmeza y convicción que llegó el momento de producir el punto de inflexión en el gasto público, de ponerle el cascabel al gato sin amilanarse ante el antipatriotismo de sindicatos o gremios empresariales sin pensar en los intereses electorales que están a la vuelta de la esquina. Porque si no es hoy, entonces cuándo empezaremos a cambiar el país. Esto demanda un Ejecutivo valiente, pero inteligente, porque no se trata del tijerazo a mansalva de los beneficios de los trabajadores públicos, sino de poner freno a los excesos y de mantener el gasto que finalmente se convierte en inversión porque produce réditos a la sociedad y fortalece las instituciones.
A nivel global, en el mundo empresarial está comprobado que el verdadero motor de una empresa es su talento humano, comprometido, profesional, eficaz y eficiente en la experticia asignada. Esto se aplica también al Estado, necesitamos en las empresas públicas talento humano con compromiso en la patria y claro, tanto en el sector privado como en el público, el gancho que arraiga a los buenos trabajadores a la institución son el salario y los beneficios adicionales.
Entonces, que la racionalidad del gasto público en el marco del decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación para con los funcionarios de las empresas públicas y entes autárquicos aplique un tijerazo valiente, pero equitativo, sabio, para que no debilite a las instituciones del Estado ahuyentando a técnicos probos de entes claves para el desarrollo económico y social, que no deje una función pública llena de hojarasca.