El Presupuesto General de la Nación para el 2020 fue pro­mulgado recientemente como ley de la República. La semana pasada se dio a conocer el decreto que reglamenta la utilización de esa ley y, pos­teriormente, el Ministerio de Hacienda emitirá el plan financiero en forma de decreto. Este plan financiero es el cor­set que impondrá el Gobierno Nacional a las instituciones públicas para no mal­gastar en los primeros meses del año el presupuesto hasta que se tenga una idea del comportamiento de las recaudacio­nes fiscales. Es el freno que cada año el poder administrador trata de instalar en la maquinaria estatal.

Pero, a pesar de estos elementos que pretenden poner raya a la mala utiliza­ción de los fondos públicos, la propia ley de presupuesto tiene el grave defecto de destinar tres veces más fondos para salarios frente al presupuesto que se dará a las inversiones públicas. Es el esquema presupuestario vigente el que tiene en su estructura la deficien­cia de destinar más dinero a los gastos corrientes que a los de capital.

De todas las erogaciones presupues­tadas para este año, el Estado (Ejecu­tivo, demás poderes, entes descentra­lizados, empresas públicas, etc.) tiene previsto gastar 25,4 billones de guara­níes en remuneración al personal. En tanto que para las inversiones públi­cas destinará 7,5 billones de guaraníes. De los 32,9 billones de guaraníes que erogará este año por ambos concep­tos, el 22,79% irá para realizar obras públicas y otras inversiones, en tanto que el 77,20% se utilizará para abonar los salarios de los empleados públicos. Dicho de otro modo, de cada 4 guara­níes que gastará el aparato estatal, algo menos de un guaraní (91,1 céntimos) será para las inversiones.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

En la actualidad, el Estado cuenta con 304.804 empleados en las diferentes dependencias que cobran salarios y otros beneficios según la especialidad y el rango. En el 2019, el Gobierno Nacio­nal, de cada 100 guaraníes recaudados por los tributos y otros ingresos fisca­les, 75 guaraníes los usó para pagar los salarios del sector público, por encima de lo que se había alcanzado en el 2018 cuando se destinaban para sueldos 71 guaraníes de cada 100 percibidos.

Del total de las recaudaciones tributa­rias obtenidas por el Ejecutivo durante el 2019, la suma de 17,7 billones de gua­raníes, que representa el 75%, se utilizó para pagar salarios de la administra­ción central. En tanto que 2 billones de guaraníes, el 9%, se destinaron para cubrir la deuda pública, y otro 9% más se canalizó a las prestaciones sociales y el 4% para el pago de jubilaciones. Sola­mente 701.000 millones de guaraníes, el 3% de lo recaudado, se usaron para financiar las inversiones del Estado. Gran parte de las obras se pagó con dinero prestado.

El año pasado cerró con un déficit fiscal de 6,7 billones de guaraníes, que repre­sentó el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje mayor al 1,5% establecido como tope por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Como consecuencia de la caída en las recaudaciones fiscales y el incremento de las erogaciones, el ejercicio presu­puestario del 2019 culminó con una rigidez presupuestaria del 97%, el por­centaje más alto alcanzado en los últi­mos cuatro años.

Observando las cifras del presupuesto para este año, puede verse que todos los vicios administrativos y deficiencias en la utilización de los recursos estatales se repetirán. Con el agravante de que en vez de disminuir los gastos públi­cos ineficientes se van a incrementar y que en lugar de utilizar lo que se recau­dará mediante la nueva ley tributaria, los recursos irán a parar en salarios y otros gastos que no reportan ninguna utilidad.

La constatación de que este año el Estado gastará en salarios tres veces más que en las inversiones es un asunto que no debe pasar desapercibido. Acaso se diga que no es una novedad. Y por ser algo que se repite siempre y consti­tuye una grave deficiencia en la conduc­ción del país es que se debe poner freno al despilfarro de los fondos públicos lo antes posible.

Es una seria obligación política, admi­nistrativa y ética de las autoridades que tomen medidas en esa materia en el más breve plazo.

Dejanos tu comentario