El gasto público es un instrumento poderoso que afecta a la economía nacional; dependiendo de su manejo, este será la causa de efectos positivos o negativos para el país. El actual Presupuesto General de la Nación asciende a G. 86,3 billones (US$ 13.525 millones) y en criterio de los referentes económicos del Gobierno, están conformes con el plan aprobado por el Congreso Nacional; además, resaltan que es un “presupuesto que se enfoca en resultados”.Sin embargo, más allá del sentir de las autoridades económicas, quedó sembrada la duda de que el Gobierno ejecutará un gasto social que cumpla con las expectativas de la gente. Organizaciones gremiales y analistas en otros sectores subrayaron la necesidad de una mejora del gasto público en este 2020 para lograr un país con una economía y una matriz energética más diversificada y estable. La gente exige del Gobierno que se priorice el gasto en más y mejor educación, en salud, en programas sociales, con un efecto real que favorezca a los sectores con menores oportunidades.
El sector público, como agente económico, debe priorizar en este año el desembolso de sus recursos –obtenidos principalmente por los impuestos que paga la ciudadanía– a cumplir con el principal objetivo que tiene todo gasto público: reducir la desigualdad, redistribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos del país.
Entonces, preocupa el destino de los nuevos recursos que obtendrá el fisco con la reforma presupuestaria, entre otros ingresos públicos, puesto que el 76% de lo recaudado en impuestos continuará yendo a salarios (de cada G. 100 recaudados, G. 76 van a sueldos). Hasta el momento no se vislumbra un giro en la gestión para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, de los programas sociales, entre otros.
Expertos internacionales reiteraron en los últimos meses que nuestro país tiene todos los elementos para proyectarse positivamente en el futuro, beneficiando en el mediano y largo plazos a todos los paraguayos. Pero para ello el Gobierno debe garantizar la mejora en la eficiencia del gasto corriente y proteger la inversión pública, solamente así el Paraguay logrará una situación estable para llevar adelante las reformas necesarias que impulsen su desarrollo.
Se debe apuntar a multiplicar el gasto, que los rendimientos económicos superen lo ejecutado a través de la reactivación de la actividad económica. El año que culminó fue inclemente en su mayoría, la economía nacional concluyó el 2019 con una estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto en el rango de 0,2%, según datos del Banco Central del Paraguay, esta es la cifra más baja desde el 2012, cuando este indicador económico cayó a 0,5%. Esto, como consecuencia del impacto climatológico que trajo inundaciones y sequías, afectando significativamente por dos trimestres al sector agrícola y ganadero, también retrasando al inicio del año la ejecución de la inversión en infraestructuras e hizo que se resintiera el sector de la construcción. El sector de servicios fue el único que logró mantenerse en positivo, con un crecimiento hasta setiembre de 2,9%.
El leve crecimiento económico que se sintió en el último trimestre del 2019 y las expectativas positivas para el presente período pueden tornarse lejanas si desde el Gobierno no se asume que el crecimiento del Producto Interno Bruto es una cuestión de incentivos, de expectativas legítimas y de confianza en la gestión de la administración pública. Deben terminar los privilegios en el sector público que se alimentan de las recaudaciones que provienen del dinero de los contribuyentes, en demérito de la ejecución de los indispensables gastos de transferencia, inversión y capital, necesarios para desarrollar al país. Por eso, un adecuado gasto público será clave para el repunte del Paraguay.