El relajo moral y la subestima­ción del conocimiento necesa­rio para ocupar determinados cargos públicos o de elección popular convirtieron a la política en tierra de nadie. O de todos. Así fueron incursionando aventureros, charlatanes, improvisados, mediocres, audaces, ene­migos declarados de la teoría y algunos de buena fe que pensaron que gobernar o administrar la cosa pública no requería mucho aprendizaje ni buenos consejeros. Que el solo antecedente de surgir de un ámbito “diferente” bastaba. Y termina­ron devorados por la corrupción.

En medio de esta invasión alentada por el relativismo que marca nuestro tiempo, permanecen los que con buen criterio, aptitudes y habilidades han demostrado cabal comprensión del quehacer político. Y sus gestiones tuvieron la aprobación de la ciudadanía. En mayoría, obviamente. Porque el consenso es imposible en una sociedad donde la cultura cívica toda­vía está por construirse. Es decir, aquella capacidad de juzgar una acción con racio­nalidad crítica y no por afinidades o ene­mistades personales.

La política tiene su propia lógica interna. La reflexión sobre esta actividad humana, que arranca ordenadamente de Aristóte­les, ha evolucionado notablemente en los últimos años, marcando parámetros cla­ros para definir un buen o mal gobierno. Algunas normas son de carácter pres­criptivo que determinan límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre la discre­cionalidad y la recta conducta, entre la ética y la corrupción, entre los valores y los vicios que evidencian la mala práctica de la política. Nadie puede alegar desco­nocimiento de estas reglas para justifi­car procedimientos que riñen con las más elementales conductas morales y regíme­nes legales.

Los cargos y las funciones políticas se ejercen desde la política. Aunque parezca una obviedad, nadie es asépticamente puro a una determinada ideología. Algu­nos que optaron por la política desde fuera de sus líneas tradicionales supie­ron interpretar sus códigos. Eligieron el buen camino y combatieron sus prácticas nefastas. Otros pretendieron hacer polí­tica desde la antipolítica, pero repitiendo viejos vicios, y fracasaron estrepitosa­mente.

La primera señal de honestidad es defi­nir si es competente o no para el cargo. En este país nadie rehúsa un ofrecimiento de esa naturaleza.

Obviamente existen ejemplos muy fáci­les de localizar también en la administra­ción central, basta solamente hojear las páginas de los diarios para sentir el trato amargo de las autoridades sospechadas de corrupción, cotidianamente.

Lamentablemente Mario Ferreiro vivía en una torre de marfil. Con un manejo ineficiente y desprolijo en el cuidado de la ciudad y con un esquema de recaudación paralela, con tentáculos que se expan­dían, incluso, dentro de la Junta Muni­cipal.

Pensó, quizás, el ahora ex intendente de Asunción que por su extracción diferente a los cuadros políticos acostumbrados, la ciudadanía le haría concesiones cuando dejó de cumplir su contrato con la socie­dad. Pagó caro por su desidia.

La Justicia deberá determinar con preci­sión quiénes son los responsables direc­tos y beneficiados con este escandaloso caso de corrupción. El pacto de impuni­dad que se está gestando dentro de la ins­titución no tardará en ser desmontado por la presión social. Esperamos que los órganos de control hagan su parte. La gente se hartó de la incompetencia, de la corrupción y la impunidad. Un mensaje que deberían recoger no solo las autori­dades de hoy sino todos aquellos que se plantean postularse para cargos munici­pales, regionales o nacionales y preten­dan seguir ejerciéndolos con el mapa de ruta de la vieja política.