La economía clandestina, la que se desa­rrolla de manera informal y no paga impuestos ni tasas, que en definitiva empobrece al Estado, es cada día más alta en nuestro país. Un estudio privado revela que en el 2018 la informalidad había llegado al 40,3% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el pico más alto alcanzado en la última década. Pero lo más resaltante es que en tan solo un año la economía informal ha tenido un crecimiento de casi el 42% por el fuerte auge del contrabando de importación y actividades ilegales conexas. Lo que habla de manera directa de la incapaci­dad del Gobierno para formalizar la clandesti­nidad.

En términos monetarios, la cuantificación de la economía subterránea el año pasado alcanzó 16.522 millones de dólares, lo que comparado con el valor que tenía en el 2010, que era de 7.591 millones de dólares, representa un crecimiento de 117,65%, es decir, más del doble. Tomando las cifras de la economía informal que se alcan­zaron en el 2017, que fue de 11.652 millones de dólares, el monto de la informalidad del 2018, de 16.522 millones de dólares, representa un aumento del 41,79% en tan solo un año.

La economía subterránea incluye las activi­dades ilegales cuyos actores y participantes no cumplen con las obligaciones impositivas o las regulaciones legales existentes como pagar impuestos, emitir facturas y aportar al IPS como corresponde. Está comprendida funda­mentalmente por conocidas actividades ilega­les, como el ingreso irregular de mercaderías, el comercio en negro, el narcotráfico, la evasión de toda suerte de impuestos y obligaciones tri­butarias. La simple observación de las activi­dades comerciales en la vía pública y en ciertos puntos de los mercados municipales y ferias afines sirve para constatar el gran volumen de la informalidad que se desarrolla a la vista de todos en el país.

De acuerdo con los especialistas, existen diver­sos motivos para la fuerte presencia de la eco­nomía subterránea en el Paraguay, como la así llamada cultura de la ilegalidad, el no querer cumplir las normas, sea por ignorancia o por conveniencia económica. Se afirma que muchos ciudadanos se niegan a declarar sus ingresos para no pagar impuestos porque reniegan del manejo que hace el Estado de las recaudacio­nes, que se gastan mayormente en salarios y en erogaciones destinadas a sostener la numerosa clientela política. A esto hay que agregar ade­más la ineficiencia de los organismos del Estado para detectar las actividades ilegales y su falta de capacidad para obligar a los infractores a cum­plir las normas impositivas existentes.

Demás está decir que el crecimiento de la infor­malidad y el incumplimiento del pago de los tri­butos perjudican enormemente no solo las arcas del Estado sino a todo el país, por privarle al Gobierno de los recursos para hacer frente con solvencia a las necesidades de la salud, de la edu­cación, de las inversiones sociales más urgentes. Dicho de otro modo, el alza de la economía infor­mal es sinónimo del crecimiento de la delincuen­cia, y repercutirá en el aumento de la pobreza, la suba del subempleo y el empleo informal, la baja calidad de la educación, caída en inversiones en la salud, menores posibilidades para mejorar la nutrición, la menor oferta de viviendas para los más necesitados y la reducción de ingresos monetarios de sectores mayoritarios.

El fuerte incremento de la informalidad en un solo año es una dura noticia y debe dar lugar al análisis de la realidad actual y a la toma de deci­siones urgentes y decididas. Porque si la clandes­tinidad creció tanto es porque los que tienen que controlarla no hicieron lo que corresponde para frenarla. Y porque se requieren mejores instru­mentos para hacerle frente con éxito.

El Estado y sus instituciones tienen un serio desafío para enfrentar el alto crecimiento de la economía clandestina y tienen que actuar con más fuerza. Deben trabajar decididamente en ampliar la base tributaria, haciendo que los que no pagan sus impuestos comiencen a hacerlo, por las buenas o por las malas. Para ello tienen que concertar esfuerzos y técnicas para forta­lecer el sistema tributario que debe ser más efi­ciente a la hora de conseguir resultados.