En la madrugada del domingo último, la norteña localidad sampedrana de Liberación, a unos 200 kilómetros de la capital, fue escenario de un espectacular hecho delictivo que tiene profundas implicancias sobre la seguridad de todo el país. Provocó la muerte de un joven poblador, la herida de un anciano, la explosión de una sucursal bancaria, el robo de 1.200 millones de guaraníes mediante la acción de alrededor de 50 criminales que cercaron a los policías en su comisaría, sitiaron la ciudad y sembraron el terror disparando a mansalva con armas de guerra.

Un día después, cerca de Pedro Juan Caballero, a 240 kilómetros al noreste de Liberación, la banda criminal del Norte que se hace conocer con una sigla atacó furiosamente una estancia, mató a su capataz y quemó las instalaciones, maquinarias y útiles del establecimiento. Con la novedad de que el grupo asaltante estaba compuesto por indígenas de la zona, reclutados por los extremistas para supuestamente vengar el maltrato de los capataces hacia la población nativa.

Ambos hechos, sin conexión aparente, se producen apenas tres semanas después de otro acontecimiento violento de marca mayor, la masacre de 10 presos en la cárcel de San Pedro del Ycuamandyyú ocasionada por la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

Los sucesos apuntados y que ocurrieron en varios sitios del país son simplemente signos de que la seguridad está profundamente averiada y de que hasta ahora las autoridades nacionales del área no han producido los resultados que requiere la ciudadanía para sentirse segura.

El ministro del Interior, criticado por estos lamentables hechos de inseguridad, se ha defendido señalando que la seguridad no ha fracasado a pesar de lo ocurrido. A lo que hay que apuntar que, a pesar de las palabras del funcionario de que la seguridad del Gobierno no ha fracasado, en esta ocasión como en otras no ha funcionado, lo que queda claro ante la magnitud y gravedad de los acontecimientos vividos últimamente. El peligro que se sufre, sobre todo en puntos claves de la geografía nacional, es una realidad que no se puede ignorar y que no tiene por qué terminar en un juego de palabras, como si la vida fuera solo una fantasía. Creer que esa realidad se va a solucionar cambiando algunos adjetivos es una lamentable actitud que habla de la poca capacidad de los encargados de cuidar a la gente.

El Gobierno no puede hacer frente a los retos de la inseguridad solamente con palabras y buenas intenciones. El problema que vive en carne propia cada rincón del país es una cuestión de vida o muerte para muchas personas que se va extendiendo rápidamente.

Para tener una idea de las muertes violentas producidas en algunos puntos críticos del país, basta con señalar que en los seis primeros meses de este año solamente en el departamento de Amambay ya se produjeron 78 asesinatos, los que representan el 67% del total de homicidios contabilizados en el 2018 en esa región, en que el número de ajusticiados alcanzó a 116 personas. Obviamente, Amambay tiene el triste récord de ser el departamento del país con más hechos de esa índole, pero la inseguridad no le es exclusiva, sino que tiene diversos números en distintos puntos de la geografía nacional.

Por eso la respuesta del Gobierno a ese gravísimo drama no puede quedar circunscripta a lo que se ha hecho hasta ahora porque es insuficiente. Y mucho menos debe ser infravalorada como se desprende de las palabras del ministro encargado de la seguridad interna.

Ha llegado la hora de que revea su política en forma urgente y comience a accionar con un sistema que dé mejores resultados. Debe eliminar a los grupos criminales organizados que amenazan el funcionamiento del Estado. Descartar de raíz la posibilidad de que se use el terror como sistema en cualquier punto del país. Y, antes que nada, barrer con la corrupción que se ha empotrado en las filas de las instituciones policiales como un cáncer maligno y que ha contaminado el accionar de muchos efectivos que, antes que combatir el delito, son cómplices y encubridores de los delincuentes.

Si el Estado no procede de ese modo, seguiremos siendo víctimas cada vez más frecuentes de actos criminales y deberemos lamentar la desgracia por culpa de los incompetentes.