La gran mayoría de los altos funcionarios del nuevo gobierno se han llenado la boca con discursos a favor de la transparencia y la institucionalidad. Esta gran mayoría también, por supuesto, ha caído en permanentes contradicciones porque lo que se inauguró el 15 de agosto del 2018 no es precisamente el “Gobierno de la gente”, sino el “Gobierno de nuestra gente”.
Se entenderá por “nuestra gente” toda aquella masa prebendaria que se ha hecho sentir en las internas y en las generales trabajando por las candidaturas.
En ninguna otra institución de la República del Paraguay la prebenda o el pago de favores políticos se ha hecho tan palpable como en la Cámara de Diputados, en la que los números en términos de recursos humanos son una cachetada a la ciudadanía y una enorme discordancia con el discurso.
El cuestionado Miguel Cuevas, que fue electo para presidir la Cámara Baja en el primer período parlamentario del gobierno de Abdo Benítez, ya venía con dudosos antecedentes en la etapa previa. Había sido gobernador del departamento de Paraguarí, donde había tenido una discreta gestión, llena de irresoluciones y de aparentes irregularidades, que hasta hoy el Ministerio Público, inexplicablemente, sigue investigando sin animarse a profundizar en la pesquisa.
A pesar de sus antecedentes, Cuevas fue ungido como titular de la Cámara de Diputados, siendo su alianza con el actual jefe de Estado la principal base de su repentino poder. Ya en las primeras semanas, el humilde oriundo de Sapucai realizó nombramientos inconcebibles y reacomodó su organigrama llegando a imponer unas 27 jefaturas y direcciones. No se entiende bien para qué, pero había direcciones que se crearon cuyo único fin es supervisar los seguros médicos de los legisladores. En cuanto al absurdo, Cuevas no dista de otros administradores de ese cuerpo legislativo que han tenido probablemente el mismo (o menor) desatino que él.
En las designaciones y nombramientos realizados por el ex titular de Diputados se puede deducir que la principal característica de los elegidos tenía la particularidad de ser sus allegados o compueblanos. Inauguraba así la gestión basada en el gentilicio, por llamarlo de alguna forma.
Sin embargo, este no fue su mayor perjuicio. Desde que llegó a la titularidad de la Cámara Baja, el ex gobernador dio empleo a unos 200 funcionarios en un cuerpo que de por sí ya está superpoblado con 1.200 empleados nombrados y 500 contratados. Con estos, hoy son 700 los funcionarios cuyos salarios no están contemplados en el Presupuesto que año a año otorga el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hacen estos funcionarios? ¿Necesita el citado cuerpo 700 contratados? ¿Bajo qué favor accedieron a ese puesto? Son preguntas que cualquier paraguayo se las haría.
La administración de Cuevas arrojó como resultado un manejo irresponsable del presupuesto legislativo y no solo denota su escasa formación como administrador, sino que además exhibe sus verdaderos propósitos, privilegiar a los suyos.
Pero este “beneficio” genera un problema administrativo-financiero. La Nación accedió a documentos, publicados en la edición de ayer viernes, en los que se constatan que en el presupuesto para pago de funcionarios contratados existe “saldo rojo”, por lo que el nuevo titular de la Cámara, Pedro Alliana, tendrá serias dificultades para cubrir los gastos que restan del año. Especialmente en los meses que vienen desde octubre.
En otras palabras, el manejo absolutamente irresponsable de Cuevas hipoteca la gestión que pueda realizar su sucesor. Cuando Alliana debería estar pensando en administrar el cuerpo legislativo para su rol más básico, ahora el también presidente del Partido Colorado deberá ocuparse de contar las monedas a fin de mes para cumplir con los compromisos.
Desde este espacio de reflexión no queda más que abogar por el fiel cumplimiento de las promesas hechas por Alliana, quien prometió transparencia, austeridad y responsabilidad en el manejo de la Cámara Baja. Ojalá lo pueda hacer, pero para ello debe necesariamente empezar por desandar el camino que trazó su antecesor. Es tiempo de volver al manejo responsable de los fondos públicos.