El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Irma Llano, realizó ayer viernes el allanamiento de diversas propiedades y establecimientos ganaderos que son propiedad del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, y de su hijo Enzo. En su periplo por la zona de Sapucai, de donde es oriundo el legislador, la agente fiscal pudo constatar la existencia de varios inmuebles que pertenecen a los Cuevas.Resulta plausible el encaminamiento de la investigación contra el actual diputado, uno de los aliados políticos más fuertes del presidente de la República; pero por otra parte, también resulta hasta una broma de mal gusto que estas pesquisas –aparentemente hechas con mayor rigor y seriedad– se hayan impulsado nueve meses después de las primeras denuncias, tanto ciudadanas como de los medios como La Nación, sobre las irregularidades que habría perpetrado Cuevas como gobernador del departamento de Paraguarí, el cual abandonó en el 2017 para hacer campaña por su candidatura a diputado.

Entre las irregularidades que habría cometido el ex gobernador se encuentra la emisión de cheques a comisiones vecinales y comités por unos G. 2.000 millones, dinero que según la denuncia nunca habría llegado a los beneficiarios reales. También un proyecto de impulso a huertas comunales con fondos que no habrían llegado a destino en su totalidad. Además, habría irregularidades en el segmento de refacciones en escuelas y colegios, así como cupos de combustibles para vehículos y maquinarias que ya habían dejado de operar.

En síntesis, según las denuncias de los propios ciudadanos del departamento de Paraguarí, que están documentadas y entregadas al Ministerio Público, Cuevas habría malversado en total unos G. 40 mil millones. Esta es una cifra astronómica, más aún tratándose de dinero público que debía ser destinado a promover el desarrollo de un departamento que, aunque rico en recursos naturales y humanos, posee un alto porcentaje de pobreza.

Lastimosamente, las denuncias formuladas en el 2017 cayeron en el saco roto de la apatía, que se basaba principalmente en una suerte de guiño de parte del esquema judicial, siempre conteste a rendir pleitesía y obediencia a los ocupantes transitorios del poder y sus aliados. Una práctica completamente a contramano del genuino deseo de transparencia que se pretendía en Paraguarí.

Este nuevo impulso a la investigación contra Cuevas abre la esperanza para los miles de ciudadanos de este departamento que fueron defraudados y que aguardan desde hace varios meses una señal mínima de parte de los que debieran proteger el patrimonio público.

Es de esperar que la labor fiscal que hoy encabeza la fiscala Irma Llano a través de diversas diligencias, que realizó y seguirá realizando, rinda sus frutos y se pueda arribar a un esclarecimiento de este caso en el cual el daño patrimonial a las arcas del Estado podría resultar enorme. O, de lo contrario, si no hubiera elementos probatorios –a pesar del profuso expediente y de los documentos– que el actual presidente de la Cámara de Diputados sea sobreseído… si existen méritos.

Paralelamente, en medio del trabajo del Ministerio Público se considera también esta iniciativa como un fuerte mensaje (otro más) a la clase política, puesto que Miguel Cuevas no es un funcionario más, se está investigando a un hombre que tiene poderosos vínculos con el actual gobierno. Por todo esto, se insiste en que este cerco fiscal ojalá rinda en resultados concretos (buenos o malos para Paraguarí), pero que haya una conclusión. Esto servirá para borrar un poco aquella imagen negativa de tanta demora en las diligencias que no se hicieron en ocho meses.