Está en poder de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que deroga los aumentos de salario concedidos a más de 2.000 fun­cionarios en la Ley de Presupuesto actual­mente vigente. Aunque el Poder Ejecutivo ya suspendió la vigencia de los incremen­tos de sueldo, la disposición legal solo puede modificarse mediante otra ley, por lo que la suspensión dispuesta por el Eje­cutivo requiere de otra norma legal del mismo peso jurídico.

Ya está terminando el cuarto mes del año y el “aumentazo” salarial, que se había dispuesto en la ley presupuestaria, sigue todavía vigente porque en el Ejecutivo y en el Congreso la lentitud burocrática no permite hacer las correcciones con mayor celeridad. Por eso hay que instar a los legisladores a que apuren la derogación de esas alzas cuestionadas para poner orden en la administración de los fondos del Estado.

A mediados de febrero, el propio Minis­terio de Hacienda había denunciado que, a espaldas de las instrucciones del Poder Ejecutivo, el Congreso había establecido un incremento salarial selectivo para 2.123 funcionarios de distintas depen­dencias del Estado, que luego se convir­tió en ley al promulgarse la norma pre­supuestaria.

Son 36 entidades públicas, entre organis­mos del Poder Ejecutivo y del Legislativo, cuyos empleados fueron beneficiados con el aumento que cuando se denunció tuvo ribetes de escándalo porque el resto de los casi 300 mil funcionarios no recibió el incremento.

Entre los organismos públicos más bene­ficiados están el Ministerio de Salud Pública con 537 casos, seguido por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con 376 beneficiados. A estos ministerios les siguen el Senave con 276 casos y la Pre­sidencia de la República con 165, entre los principales. De ese modo, los organismos públicos, sin hacer ningún ruido, consi­guieron en el Congreso los aumentos sala­riales sin tener en cuenta las disposicio­nes vigentes para habilitar las alzas a los funcionarios. Los aumentos dispuestos tienen distintos rangos y algunos ascien­den hasta 251% sobre los haberes que se cobraban en el 2018.

Como el hecho habla de la alta desproli­jidad del Estado e iba contra la prédica del Gobierno, el Ministerio de Hacienda a mediados de febrero emitió una reso­lución para dejar los aumentos de lado. Lo que se perfeccionó después con el decreto 1.368 del 27 de febrero que sus­pendía las alzas salariales. Pero como una ley, como la del presupuesto anual, no se puede modificar con una resolución ministerial ni un decreto del Ejecutivo, se preparó el proyecto de ley que ahora está en Diputados.

El proyecto tiene como propósito enmen­dar el Anexo de Personal del Estado de la Ley de Presupuesto vigente para resta­blecer la situación salarial a la del 2018 para los que fueron beneficiados con los aumentos. Un sector de los diputados plantea destinar el dinero que se ahorre con la eliminación de las subas al Consejo Nacional de Becas para financiar los estu­dios de muchas personas. El Ministerio de Hacienda, en tanto, quiere que se recor­ten los beneficios solamente a las institu­ciones dependientes del Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo, donde también se produjo un fuerte aumentazo para los amigos de las principales autoridades de la Cámara de Diputados, especialmente.

Como puede apreciarse, es muy delicada la tarea que tiene ahora la Cámara Baja para eliminar de una vez por todas los pri­vilegios salariales de los distintos organis­mos estatales. Y no puede solo recortar el aumento a los funcionarios del Ejecutivo, sino también a los del Legislativo, porque en ambos poderes estos incrementos no se justifican y constituyen un mismo escan­daloso privilegio armado entre las autori­dades legislativas y su clientela política.

La ciudadanía aguarda que los legisla­dores procedan con equidad y equilibrio y corten de raíz todo intento de aprove­charse de los fondos públicos como si fueran un tesoro de pillos. El país tiene urgentes necesidades en todos los ámbitos de la vida nacional que necesita ese dinero que se quiso distraer con malas artes.