La discusión sobre la pertinencia o no de aumentar los impuestos en la reforma tributaria que se quiere hacer continuará por largos meses. Pero el Gobierno está urgido de obtener más recursos para hacer frente a sus crecientes gastos, que no pueden esperar más tiempo discutiendo.

Por eso, luego de la Semana Santa presentará el pro­yecto de ley mal denominado de reforma tribu­taria al Congreso. Y, por supuesto, presionará a los legisladores que le responden en el Poder Legislativo para apurar el estudio del proyecto y sacar lo antes posible la ley para poder con­seguir los fondos mediante el aumento de las tasas impositivas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la creación de otros 5 nuevos impuestos.

El propio viceministro de Economía del Minis­terio de Hacienda se sinceró señalando que ya no se puede seguir esperando, pues, según él, las carencias en educación y salud son muy altas por lo que se entiende que se necesitará más dinero, y dinero proveniente del aumento de las recaudaciones. Es decir, de las alzas impositivas.

No se le ocurrió decir que las carencias en la salud y la educación públicas podrían cubrirse ahorrando en salarios y otros gastos corrientes de parte de los organismos de Estado, en lugar de esperar el “impuestazo”. Hay que felicitarlo porque fue sincero, pues el Gobierno no tiene la capacidad ni el interés para poner freno a sus gastos y así ahorrar dinero para las inversio­nes sociales más urgentes. Y entonces tiene que recurrir a la suba de las recaudaciones fiscales vía alza de tributos.

El tema es que como el crecimiento de los ingresos del fisco no es suficiente, urge elevar la tasa de algunos tributos salvadores como el ISC. Y para ello se deben aplicar sin mayor pér­dida de tiempo los aumentos previstos en la ley en estudio.

El Ministerio de Hacienda sabe perfectamente que con los recursos que consigue no podrá sol­ventar ninguna inversión importante. Porque la mayor parte de lo que obtenga de los impues­tos deberá usar en salarios públicos y otros gas­tos corrientes. Así ha ocurrido en los dos pri­meros meses de este año, en que de cada 100 guaraníes que recaudó utilizó 78 guaraníes para los sueldos públicos, cuando en el 2018 se había llegado a usar para ese fin solamente 71 de cada 100 guaraníes. Lo que quiere decir que el Gobierno Nacional tiene ahora menos plata para las inversiones que la que tenía el año pasado. Por eso no tiene otra que apurar la suba de impuestos que tiene preparada en su pro­yecto de ley.

Para atenuar las reacciones adversas que ha tenido el aumento de impuestos que prevé el proyecto, Hacienda quiere hacer creer que las alzas del ISC no se aplicarán en el primer año, sino que en los siguientes. Y para ello prevé en la ley un artículo especial. Pero el tema de fondo es el mismo, pues igual subirán las tasas impo­sitivas y por consiguiente el golpe será similar, aunque retarde 12 meses su aplicación. Esta propuesta es casi infantil, pues para que se acepte el castigo, primero promete un carame­lito, como cuando se quiere convencer a un niño de que haga algo que no desea.

Otro de los caramelos que ofrece Hacienda para que se acepten las subas de las tasas es que todo lo que se recaude en forma adicional mediante la reforma tributaria, es decir, los aumentos, irá a un fondo que estará blindado para la salud y la educación. Todo muy lindo en teoría, pero que, a la hora de hacer frente a la clientela política y a las presiones de la dirigencia de los partidos, en el propio Congreso, los legisladores destina­rán esos fondos adicionales para más salario de su gente, como se ha hecho últimamente en los sonados casos denunciados. Y como los inclui­rán en las leyes del presupuesto de cada año, el Poder Ejecutivo no podrá darles otro destino, aunque lo quisiera.

Es entendible la preocupación y el apuro del Gobierno, pero no debe depender solo del alza impositiva. Porque entonces no hará el ahorro que se le pide, que es una necesidad imposterga­ble que reclama la ciudadanía.