La violencia de las mafias en la fron­tera no es un problema exclusivo de las organizaciones criminales que operan en esa zona. Por mucho que el discurso del Gobierno se vuelque hacia esta teoría, los hechos demuestran que si bien los ejecutores tienen un blanco definido, cada vez más inocentes terminan pagando un costo altísimo con sus vidas en esta inex­plicable guerra del crimen, ante el cual pocos saben cómo actuar y muchos optan desde el discurso oficial por banalizarla o, al menos, relativizarla.

Los últimos hechos que vienen sucediendo desde finales del 2018 y primeros meses de este año en Pedro Juan Caballero o Ypehú (donde un ataque comando ejecutado con quirúrgica precisión envió un contun­dente mensaje a las mafias rivales) mar­can la pauta que esta ofensiva de las orga­nizaciones criminales excede el ámbito del crimen.

Esta semana nada más, en la capital del Amambay, un nuevo episodio tiñó de san­gre la terraza del país y en el que lamentable­mente murieron dos personas que –según los testimonios de los pedrojuaninos– nada tenían que ver con el objetivo del ataque. Uno de ellos, inclusive, era un reconocido médico y ciudadano ejemplar de la zona.

Cuando traspasa el ámbito de las mafias pro­piamente, la vendetta pasa a convertirse en inseguridad y la inseguridad genera miedo y angustia. No se puede vivir con miedo, sea en Londres o en Pedro Juan Caballero, en Gon­zález Catán o en Amsterdam.

Cuando se atraviesa esa línea, el problema desemboca en un asunto de seguridad pública y es allí donde el Gobierno no puede quedarse en la retórica o el discurso banal o, peor, de brazos cruzados.

La “guerra entre mafias” –que es el apelativo al que se recurre– no puede ser suficiente excusa para desproteger o buscar medidas que hacen posible que se puedan cometer estos crímenes.

El problema hay que abordarlo de raíz y desde diversas perspectivas. Si las organi­zaciones delictivas que actúan en la fron­tera seca hallan complicidad o connivencia de algunos, o todos, los estamentos estata­les, hay un campo de acción allí. Y las medi­das deben aplicarse con firmeza. Si hay que sumariar y echar a policías de la institu­ción, se procede; si hay un colaborador de las FFAA, sumario y que vaya preso; o si hay fiscales cómplices, se los denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, se los expulsa y procesa.

El abordaje, asimismo, debe estar impulsado desde la perspectiva de la lucha transnacio­nal contra las organizaciones delictivas, en la cual los Estados afectados (Argentina, Bolivia y, sobre todo, Brasil) deben actuar y trabajar de manera coordinada en las distin­tas acciones que puedan neutralizarlas. Solo para recordar, o poner un nombre a estas mafias, del otro lado se encuentran verdade­ras organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) o el Comando Vermelho, dos de las bandas más poderosas que tienen ramificaciones en todo el Brasil y que han extendido sus tentáculos también al Para­guay. Esta ampliación es la que debe preocu­par a nuestras autoridades.

Si bien esta lucha coordinada entre los países de la región se ha incrementado en los últi­mos años, también es cierto que los resulta­dos a la luz de la expansión de las mafias han sido escasos. En lo que tiene que ver especí­ficamente con el Paraguay en relación a sus límites fronterizos más vulnerables (fron­tera con el Brasil), hay que señalar que el escenario político es bastante favorable en razón de las propias ideas sobre la seguridad que se conciben desde Brasilia y en parti­cular del titular del Ejecutivo, el presidente Jair Bolsonaro, que había prometido “mano dura” contra estas organizaciones.

Este escenario favorable es una ventaja para Paraguay, solo resta disponer y complemen­tar estas acciones desde aquí; miles de com­patriotas aguardan una respuesta efectiva ante la violencia.