De todas las muertes violentas que se producen en el Paraguay en el año, como homicidios, acciden­tes de tránsito y suicidios, más de la mitad, el 51,5%, ocurren en accidentes via­les por choques de automotores, motocicletas u otros vehículos en las rutas o en las calles del país. Y la mayoría de estos eventos se pro­duce por la imprudencia de los conductores que están alcoholizados, por adelantamientos indebidos o por no respetar las más elemen­tales normas de tránsito, de acuerdo con las estadísticas policiales.

Según los entes especializados, por día se pro­ducen un promedio de 2,8 muertes en acciden­tes viales, lo que arroja una cifra de algo más de 80 fallecidos cada mes en las circunstan­cias apuntadas. En el último quinquenio han muerto 4.952 personas por choques viales, entre las que llevan el primer lugar los moto­ciclistas. Tan solo en el 2018, de todos los acci­dentes viales en que murieron personas, el 63,2% correspondió a fallecimientos de moto­ciclistas, lo que habla de cuán peligroso es andar sobre dos ruedas en las rutas y calles de nuestro país en las condiciones en que se rea­liza habitualmente.

Hay que puntualizar que, aparte de la res­ponsabilidad personal de cada individuo que interviene en los accidentes de tránsito, que son los culpables directos, también existe una responsabilidad de las autoridades municipa­les y policiales por no ejercer su obligación de hacer cumplir las normas que corresponden. Un ejemplo de ello es que la mayoría de los municipios del país otorga la licencia de con­ducir sin la más mínima prueba de habilidad ni de conocimientos de las reglas del tránsito, con lo que habilitan a manejar en calles y rutas a gente que no está capacitada técnicamente para ello.

Esta es la amarga queja del principal respon­sable de la Patrulla Caminera, quien ha des­tacado la grave conducta de los municipios que otorgan licencias a gente que no debería conducir porque no tiene la capacidad para hacerlo. Señaló que la entrega de los registros de conducir que hacen los municipios a per­sonas sin preparación para ello es uno de los factores de debilidad más importantes que se tienen en el país.

Pero aparte de ello, también está la escasa o ninguna inspección que se ejerce en las rutas, vías interurbanas y calles donde todo está permitido porque las autoridades que deben ejercer la supervisión y el cumplimiento de las normas están ausentes. Basta observar en diversos puntos del país cómo la mayoría de las personas que andan en motocicletas no utilizan el casco ni los otros elementos pres­criptos para su seguridad. Un estudio privado realizado en la ruta que une Luque con Areguá sobre el comportamiento de los motociclistas reveló que el 84% de los mismos no utilizaban el casco protector y que habitualmente no hay control policial para ello. Y, por el contrario, está demostrado que en las localidades en que se fiscaliza el uso del casco, como en el área urbana de Asunción y de Encarnación, el por­centaje de gente que utiliza el elemento pro­tector es alto.

La observación de estos hechos arroja una conclusión muy sencilla: aparte de la respon­sabilidad de las personas involucradas, la gran cantidad de accidentes y sus saldos fatales se deben también a que las autoridades no obser­van su función al no obligar al acatamiento de las normas de tránsito. Porque si se ejer­ciera un mayor control para que no se con­duzca habiendo bebido alcohol, no se permi­tiera manejar a la gente que técnicamente no está preparada para ello y se obligara a todos los que andan en motocicletas a usar el casco protector, la cantidad de accidentes viales y el número de fallecidos en esos acontecimientos no serían tan elevados.

No está demás reiterar que los accidentes via­les son responsabilidad de los conductores, pero las autoridades son corresponsables al no actuar como deben hacerlo para obligar al cumplimiento de las normas y proteger a las personas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de fallecidos y heridos en accidentes viales, los municipios, la Policía Nacional y la Patrulla Caminera están obligados a mejorar la tarea que les corresponde y así disminuir la trágica estadística que enluta a tantas familias.