Desde hace tres semanas, la cotización internacional del petróleo sigue en descenso pronunciado y sostenido. Obviamente, este descenso en los precios del crudo ha llevado a los gobiernos de los países importadores a adoptar medidas para reducir el costo de los combustibles que llegan al consumidor final. En todos estos países como, por ejemplo, en Chile rige el sentido común y el incuestionable entendimiento que el usuario debe ser el principal beneficiario. Menos en Paraguay.
Administradores lúcidos y que tengan al consumidor como objetivo y propósito finales lamentablemente no existen en nuestro país, al menos no en la actual administración de la señora Patricia Samudio.
Eso ocurre solo en países previsibles como en Chile o Panamá, por ejemplo, dos naciones latinoamericanas y que también importan combustible, cuyos gobiernos han tomado la decisión de pensar en los ciudadanos y en la economía para bajar los costos. Por poner de ejemplo, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera anunció hace dos días que el combustible bajará por quinta semana consecutiva. Algo similar ocurre en Panamá o en Brasil, donde también hubo disminuciones. Es decir, todos aquellos países en que los derivados del petróleo tienen destacada incidencia en la economía local se han volcado a ajustar sus precios para favorecerse internamente.
Contrariamente a estos criterios y a estos procesos, en Paraguay los administradores de la petrolera estatal se han negado a estudiar siquiera una posible reducción y aducen aspectos técnicos complejos, pasando por alto aquellos mecanismos clave como el precio internacional del petróleo o la cotización del dólar en el mercado local, variables que fueron consideradas a principios de octubre para incrementar 300 guaraníes por litro los derivados del crudo.
Una muestra de los criterios que priman en el actual gobierno fueron las expresiones de la presidenta de Petropar hace apenas una semana, cuando tanto el petróleo y el dólar local se estabilizaban a la baja. Patricia Samudio sostuvo que no solo se debe tener en cuenta el dólar y el costo internacional del crudo, sino también el costo del producto final que adquieren.
No se explica que otras naciones de la región, que pasan casi por los mismos procesos que aquí para la importación a sus respectivos mercados, sí redujeron sus precios, incluso en varias oportunidades, y aquí se nieguen siquiera a observar la estructura de costo.
¿Cuál es la razón por la que al menos desde Petropar, o quizás desde el equipo económico, se dilate tanto este estudio? Diversos expertos en el tema, consultados por La Nación, como Eddie Jara, ex titular de la petrolera estatal, advirtieron que así como en octubre el precio en origen del crudo superaba los 76 dólares el barril, un mes después se redujo 17 dólares, que es un monto importante y que puede provocar también una tendencia a la baja.
La entidad estatal es la que debe cuidar sus intereses, pero también la de los consumidores; al ser el regulador del sector tiene también el objetivo primario de cuidar el bolsillo de la gente, ya sea aguantando al máximo posible ajustes al alza y agilizando las reducciones cuando corresponda. Ese es el rol que se espera de la petrolera estatal: ser un árbitro cuando haya defectos en la oferta que no beneficien a la demanda.
Los aumentos introducidos en octubre pasado tuvieron efecto en cadena en casi todos los productos de la economía. La suba de los combustibles derivó en el aumento del pasaje y en los costos de producción que, casi de manera automática, también se expresaron en los precios de algunos productos de la canasta básica familiar.
De allí que se reclame mayor responsabilidad y compromiso de parte del actual gobierno porque es la economía básica, la de todos los días, la que se resiente por dilaciones o demoras que castigan el consumo.