Desde hace tres semanas, la coti­zación internacional del petróleo sigue en descenso pronunciado y sostenido. Obviamente, este des­censo en los precios del crudo ha llevado a los gobiernos de los países importadores a adoptar medidas para reducir el costo de los combus­tibles que llegan al consumidor final. En todos estos países como, por ejemplo, en Chile rige el sentido común y el incuestionable enten­dimiento que el usuario debe ser el principal beneficiario. Menos en Paraguay.

Administradores lúcidos y que tengan al con­sumidor como objetivo y propósito finales lamentablemente no existen en nuestro país, al menos no en la actual administración de la señora Patricia Samudio.

Eso ocurre solo en países previsibles como en Chile o Panamá, por ejemplo, dos nacio­nes latinoamericanas y que también impor­tan combustible, cuyos gobiernos han tomado la decisión de pensar en los ciudadanos y en la economía para bajar los costos. Por poner de ejemplo, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera anunció hace dos días que el combustible bajará por quinta semana con­secutiva. Algo similar ocurre en Panamá o en Brasil, donde también hubo disminuciones. Es decir, todos aquellos países en que los deriva­dos del petróleo tienen destacada incidencia en la economía local se han volcado a ajustar sus precios para favorecerse internamente.

Contrariamente a estos criterios y a estos pro­cesos, en Paraguay los administradores de la petrolera estatal se han negado a estudiar siquiera una posible reducción y aducen aspec­tos técnicos complejos, pasando por alto aque­llos mecanismos clave como el precio interna­cional del petróleo o la cotización del dólar en el mercado local, variables que fueron conside­radas a principios de octubre para incrementar 300 guaraníes por litro los derivados del crudo.

Una muestra de los criterios que priman en el actual gobierno fueron las expresiones de la presidenta de Petropar hace apenas una semana, cuando tanto el petróleo y el dólar local se estabilizaban a la baja. Patricia Samudio sos­tuvo que no solo se debe tener en cuenta el dólar y el costo internacional del crudo, sino también el costo del producto final que adquieren.

No se explica que otras naciones de la región, que pasan casi por los mismos procesos que aquí para la importación a sus respectivos mercados, sí redujeron sus precios, incluso en varias oportunidades, y aquí se nieguen siquiera a observar la estructura de costo.

¿Cuál es la razón por la que al menos desde Petropar, o quizás desde el equipo económico, se dilate tanto este estudio? Diversos expertos en el tema, consultados por La Nación, como Eddie Jara, ex titular de la petrolera estatal, advirtieron que así como en octubre el precio en origen del crudo superaba los 76 dólares el barril, un mes después se redujo 17 dólares, que es un monto importante y que puede provocar también una tendencia a la baja.

La entidad estatal es la que debe cuidar sus intereses, pero también la de los consumido­res; al ser el regulador del sector tiene tam­bién el objetivo primario de cuidar el bolsillo de la gente, ya sea aguantando al máximo posi­ble ajustes al alza y agilizando las reducciones cuando corresponda. Ese es el rol que se espera de la petrolera estatal: ser un árbitro cuando haya defectos en la oferta que no beneficien a la demanda.

Los aumentos introducidos en octubre pasado tuvieron efecto en cadena en casi todos los productos de la economía. La suba de los com­bustibles derivó en el aumento del pasaje y en los costos de producción que, casi de manera automática, también se expresaron en los pre­cios de algunos productos de la canasta básica familiar.

De allí que se reclame mayor responsabilidad y compromiso de parte del actual gobierno por­que es la economía básica, la de todos los días, la que se resiente por dilaciones o demoras que castigan el consumo.