El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha llamado la aten­ción sobre un hecho muy grave que constituye un gran desafío para las autoridades nacionales. Se ha quejado de hechos violentos que se producen con las invasiones de tierras de propiedad privada que están ocu­rriendo actualmente en el interior del país. Y que estos acontecimientos vulneran la seguridad en el campo y pueden desalentar la inversión privada y retrasar el desarrollo.

Afirmó que esta situación ha hecho que los gre­mios afectados estén reclamando la actuación de las instituciones encargadas de mantener el orden para devolver la paz al campo y a las fami­lias campesinas, que son las que más sufren la inseguridad.

En su análisis, el dirigente empresario aseguró que los actos violentos que se dan en el campo afectan a la gente que más necesita trabajo, pro­fundizando la pobreza, pues está impidiendo que se puedan realizar más inversiones por parte de las empresas y empresarios. Acusó duramente a ciertos exponentes políticos que son los que bus­can que haya más pobreza, alentando la violen­cia rural, porque son los que sacan provecho de la confrontación.

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La denuncia del gremialista no se debe echar en saco roto ni calificar de alarmista, pues los problemas de invasión de propiedades rurales y de campesinos que buscan la solución de sus problemas con el uso de la fuerza son reales. El Gobierno Nacional tiene que garantizar la pro­piedad privada, por un lado, y buscar soluciones a las necesidades de los campesinos sin tierra que son tentados por la violencia. No basta res­ponder con la simple represión cuando las difi­cultades son de profundo arraigo y requieren la presencia efectiva del Estado paraguayo.

En la administración anterior se han realizado muchos progresos en la respuesta a las necesida­des de los desposeídos a través de diferentes ins­tituciones estatales, pero los requerimientos son de tal magnitud y llevan tanto tiempo de exis­tencia que no hay otra alternativa que trabajar duramente para hallarles alivio.

En los últimos cinco años, el Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha realizado una extraordinaria tarea a pesar de la escasez de recursos y la incomprensión de sec­tores políticos que sacan provecho de los con­flictos. Como nunca antes, ha creado colonias donde arraigó a miles de campesinos que ante­riormente vivían en la miseria de asentamien­tos precarios ubicados en parcelas privadas. Tal el caso de la colonia Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, donde hoy día sus habitantes tienen casas construidas por Senavitat, con escuelas modelo para sus niños y parcelas para cultivar entregadas por el organismo estatal.

Mediante la gestión del Indert se han simplifi­cado los procedimientos para la tenencia de la tierra, pues hoy día se pueden titular las parce­las entregadas con un pago ínfimo y con trámi­tes mucho más breves que en años anteriores. No solo eso. La institución ha recuperado miles de hectáreas de tierras fiscales que estaban en poder de personas no beneficiarias de la reforma agraria para dárselas a los necesitados.

Con el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) se ha dado información segura y confiable sobre la situación de las parcelas para facilitar la titulación y regularizar la situación jurídica de las mismas.

El Gobierno Nacional debe asumir su responsa­bilidad ante la denuncia de violencia para poner orden en el campo, garantizando la propiedad privada. Y proseguir con más fuerza y más recur­sos económicos y técnicos la tarea ya realizada en el último quinquenio por el Indert para lograr que cada vez mayor cantidad de paraguayos sin tierra sean propietarios y puedan trabajar en su propia parcela para labrar su desarrollo y bien­estar.

Solo así terminará la inseguridad en el campo alentada por los violentos, se garantizará la pro­piedad privada para los grandes y pequeños pro­pietarios a fin de que continúen las inversiones que necesita el país.

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