El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha llamado la atención sobre un hecho muy grave que constituye un gran desafío para las autoridades nacionales. Se ha quejado de hechos violentos que se producen con las invasiones de tierras de propiedad privada que están ocurriendo actualmente en el interior del país. Y que estos acontecimientos vulneran la seguridad en el campo y pueden desalentar la inversión privada y retrasar el desarrollo.
Afirmó que esta situación ha hecho que los gremios afectados estén reclamando la actuación de las instituciones encargadas de mantener el orden para devolver la paz al campo y a las familias campesinas, que son las que más sufren la inseguridad.
En su análisis, el dirigente empresario aseguró que los actos violentos que se dan en el campo afectan a la gente que más necesita trabajo, profundizando la pobreza, pues está impidiendo que se puedan realizar más inversiones por parte de las empresas y empresarios. Acusó duramente a ciertos exponentes políticos que son los que buscan que haya más pobreza, alentando la violencia rural, porque son los que sacan provecho de la confrontación.
La denuncia del gremialista no se debe echar en saco roto ni calificar de alarmista, pues los problemas de invasión de propiedades rurales y de campesinos que buscan la solución de sus problemas con el uso de la fuerza son reales. El Gobierno Nacional tiene que garantizar la propiedad privada, por un lado, y buscar soluciones a las necesidades de los campesinos sin tierra que son tentados por la violencia. No basta responder con la simple represión cuando las dificultades son de profundo arraigo y requieren la presencia efectiva del Estado paraguayo.
En la administración anterior se han realizado muchos progresos en la respuesta a las necesidades de los desposeídos a través de diferentes instituciones estatales, pero los requerimientos son de tal magnitud y llevan tanto tiempo de existencia que no hay otra alternativa que trabajar duramente para hallarles alivio.
En los últimos cinco años, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha realizado una extraordinaria tarea a pesar de la escasez de recursos y la incomprensión de sectores políticos que sacan provecho de los conflictos. Como nunca antes, ha creado colonias donde arraigó a miles de campesinos que anteriormente vivían en la miseria de asentamientos precarios ubicados en parcelas privadas. Tal el caso de la colonia Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, donde hoy día sus habitantes tienen casas construidas por Senavitat, con escuelas modelo para sus niños y parcelas para cultivar entregadas por el organismo estatal.
Mediante la gestión del Indert se han simplificado los procedimientos para la tenencia de la tierra, pues hoy día se pueden titular las parcelas entregadas con un pago ínfimo y con trámites mucho más breves que en años anteriores. No solo eso. La institución ha recuperado miles de hectáreas de tierras fiscales que estaban en poder de personas no beneficiarias de la reforma agraria para dárselas a los necesitados.
Con el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) se ha dado información segura y confiable sobre la situación de las parcelas para facilitar la titulación y regularizar la situación jurídica de las mismas.
El Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad ante la denuncia de violencia para poner orden en el campo, garantizando la propiedad privada. Y proseguir con más fuerza y más recursos económicos y técnicos la tarea ya realizada en el último quinquenio por el Indert para lograr que cada vez mayor cantidad de paraguayos sin tierra sean propietarios y puedan trabajar en su propia parcela para labrar su desarrollo y bienestar.
Solo así terminará la inseguridad en el campo alentada por los violentos, se garantizará la propiedad privada para los grandes y pequeños propietarios a fin de que continúen las inversiones que necesita el país.