La pelea se veía venir desde que se hicieron los nombramientos y solo faltaba un poco de tiempo para que los roces se convirtieran en guerra, pues la crisis estaba cantada, y si el Ejecutivo no la vio es porque no quiso verla. Comenzó por el nombramiento de ministro del veleta y volátil político Petta. Como diría un filósofo paraguayo de la política: “¡Él no tiene la culpa de que los gobiernos cambien! Como las veletas no tienen la culpa de que cambien las direcciones de los vientos”. Aunque va más lejos, Petta no tiene la culpa de que los cargos a disposición cambien, cualquier cargo u oficio le viene bien siempre y cuando sea un buen acomodo y una buena caja a disposición. Así que pasó de colorado a “opositor”, una “organización política, partido, movimiento o lo que sea conveniente”, exclusiva y cada vez más flexible de la política nacional en la que últimamente cabe todo político venido a menos. Luego pasó de fiscal a policía de la Caminera, a municipalista… en fin, lo que venga, hasta que, hasta ahora, nadie explicó cómo, en base a qué antecedentes y experiencias profesionales recaló como ministro de Educación, teniendo para colmo como viceministra, es decir, en segundo plano –tampoco nadie puede explicar cómo–, a una profesional con estudios y experiencia laboral en la materia, públicamente conocida por su gestión en el ministerio, así como por sus escritos, mediáticamente publicados.

Por si no fuera poco, el contraste entre el número uno y la número dos se ubicó en puesto clave a un abogado, conocido en el oficio como “penalista”; hasta el momento se ha ratificado en su profesión, sus acciones públicas dan pena. Anunció el descubrimiento de 1.200 planilleros y solo hizo público el de una docente, muerta, incurriendo en el delito penal de denigrar la memoria de un muerto, una muerta en este caso, y su familia, que tuvo que aclarar y demostrar “la inocencia” de la acusada, invirtiendo un sacro principio del derecho. Hay que probar o, al menos, fundamentar el delito para formular la acusación y, sobre todo, respetar la presunción de inocencia.

Hasta ahora, en fin, existe la acusación de miles de delitos y de delincuentes sin que aparezcan las pruebas ni se hagan acusaciones con legales fundamentos; siguen las acusaciones y los aspavientos, pero no aparecen las pruebas. Y estamos hablando de uno de los ministerios más delicados porque, a más de eficiente, debe ser modélico, siendo sus autoridades referentes y “ejemplos” de los que hoy integran “la esperanza de la patria”, por lo que sus administradores deben ser cautos y respetuosos del Estado de derecho, no embarcándose en acusaciones sin los debidos fundamentos y, mucho menos, con escandaletes públicos, en vez de mediar con la seriedad y la decencia de quienes, por su cargo, ya que no por sus antecedentes, van a ser imagen pública que ilustre, para bien o para mal, a la “flor del bello porvenir”.

Hasta aquí los prolegómenos del caos provocado por los dos mandamases fácticos del MEC, causales sin duda del caos y el escandalete por falta de capacidad política y negociadora sumadas a la incapacidad profesional en la materia. Esto debería servir como agravante porque, en lugar de la modesta predisposición para aprender la compleja y polémica cartera, decidieron atropellar “a su manera”.

Basta molestarse en echar una ojeada a los antecedentes de este breve periodo para tomar conciencia y no creer que se está administrando un almacén –con las debidas disculpas a los almaceneros–.

La actual administración hasta hoy del MEC, en un proceso de creciente degradación en tiempo récord, hay que reconocerles por lo menos este mérito, se parece más a un combate del origen de la lucha libre, el “catch as can”; es decir, agárralo como puedas a las trompadas y patadas, aunque hay que reconocer que la lucha libre es mucho más elegante y decorosa.

Y, por si “todo esto fuera poco”, como diría un vendedor de feria, el ministerio auspició el vergonzoso y denigrante atropello a la educación entrando en una institución educativa con policías y perros busca drogas, como si se estuviera interviniendo un nido de delincuentes.

A estas alturas, el ministro ha dicho que no renuncia, es decir, se ha aferrado a la silla. Y el detective, el infra “agente 87”, ha aplicado la ley del ñembotavy, “no sabe, no contesta”, aplicando el artículo 1º de la ley del zoquetero: de aquí no me mueven.

Si es por ellos, no cabe duda que aguantarán mientras el barco flote y serán los primeros en abandonarlo cuando empiece a hundirse… y ya parece que está haciendo agua por todas partes.

Los estudiantes, aunque se supone que son quienes debieran ser enseñados con el ejemplo, fueron los que pusieron los puntos sobre las íes, aunque sería mejor decir la cordura que faltaba. “El ex senador estudiantil tiene que dar un paso al costado porque no tiene la experiencia ni la capacidad para ejercer el cargo”, dijo una dirigente estudiantil. Por ahí habría que haber empezado, pues se dijo desde un principio.

El Presidente tiene la palabra… y, por si no se acuerda, la lapicera.