La informalidad, entendida como el reino de la evasión y el incumpli­miento de la ley, es uno de los princi­pales problemas económicos y jurídi­cos de nuestro país. Es un cáncer que viene de lejos que afecta a todo el tejido de la sociedad y que causa daños de extraordinaria magnitud, porque hace que mediante la ganancia de los delincuentes se empobrezcan y sufran los más débiles y los que apuestan por la legalidad.

Al ser la economía informal una actividad irre­gular, está oculta para eludir el pago de los impuestos, los controles fiscales y administra­tivos y se mueve en lo que se llama economía en negro, en la trastienda de lo ilícito. Y como todo delito, en los países bien organizados está fuertemente castigada y sus actores duramente cuestionados por la sociedad.

En el Paraguay, la economía en negro sigue siendo importante, por lo que representa uno de los principales problemas económicos, fisca­les y hasta sociales.

Aunque no hay estudios oficiales, se estima que en nuestro país la evasión impositiva ronda el 50%, aunque otros la estiman en cerca del 35%. Lo que quiere decir que más de una tercera parte de lo que se debe tributar no se declara y, por supuesto, no paga impuesto.

La magnitud de esta gruesa actividad irregu­lar está moviendo más que nunca a la concien­cia y la acción de sectores empresariales del país que apuestan a que termine o disminuya la actividad ilegal y crezca la economía limpia que traerá el verdadero progreso a todos. El Estado también acompaña esta iniciativa pero su buro­cracia hace que tenga movimientos muy lentos y sin el peso decisivo.

Por eso, no es de extrañar que la Cámara Para­guaya de Supermercados (Capasu) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) hayan realizado un fuerte llamado para combatir la informalidad a fin de mejorar la situación de la ciudadanía por los beneficios que tiene la economía limpia, que tributa y genera empleo en condiciones legales.

Tanto la industria nacional como los comer­cios legales son los que están recibiendo actual­mente los golpes más duros del contrabando y de la actividad ilegal consiguiente. Porque, a pesar del trabajo de los organismos competen­tes del área la represión de ese delito no es sufi­ciente, dado que por cada mercadería irregular que se decomisa ingresan al país tres productos más al margen de la ley.

Debido a esa sensible situación los industriales y responsables de comercios legales se han per­catado que solo unidos se puede combatir la ile­galidad y restablecer la normalidad en la acti­vidad económica del país. Y salieron a predicar a todos los vientos que solamente uniendo las fuerzas se puede luchar contra el delito del con­trabando y la informalidad económica conse­cuente.

Por otra parte, los gremios vinculados a la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) también anunciaron una campaña publicita­ria a fin de crear conciencia en la ciudadanía y combatir el contrabando y la ilegalidad, con el apoyo de Aduanas y la Subsecretaría de Tribu­tación, hecho que viene a sumarse al llamado realizado por la UIP y Capasu.

La unión contra la informalidad no estaría completa ni sería eficiente si a esa tarea no se suman también los trabajadores, los sindicatos y federaciones de la fuerza laboral, que también son víctimas de la irregularidad. Pues, según estadísticas recientes del Gobierno, cerca de 1.700.000 trabajadores están en la informali­dad, lo que quiere decir que no tienen salario legal, ni pago de IPS ni ningún beneficio.

Por todo lo cual, si se quiere realmente un resultado auspicioso, no hay otra alternativa que estar todos juntos en la lucha contra la informalidad y en la promoción de la legalidad.