Ante la primera denuncia de “corrup­ción” en su gabinete que afronta el Pre­sidente, bastante prematura por cierto, con el caso más sensible para la mayo­ría de la población, porque afecta a casi todos, Petropar y el precio del combustible, al trans­porte y al hogar, el gas, que afecta a casi todos los hogares.

Aumentos que, por rebote inevitable afectan a todos los negocios, a todos los precios de todos los productos; hablamos de la primera denuncia de corrupción de una funcionaria de alto rango en un cargo sumamente delicado, por­que toca el bolsillo nacional y, casualmente, polí­tica y socialmente muy vinculada al mandata­rio, es decir, que pone en juego una frase cantada que ya se ha hecho calle: “del Marito de la gente al Marito de su gente”; y esta es una encrucijada difícil, más allá de lo que determine la Justicia, que sigue sin ser pronta ni barata.

La segunda decisión equivocada que ha tomado el Presidente tras respaldar incondicionalmente a su cuestionada funcionaria, pese a que los cuestio­namientos son serios y graves, fue nominar a un ex fiscal de Delitos Económicos, resucitado de las curules de la Junta Municipal de Asunción, donde se había recluido tras abandonar, sin muchas explicaciones convincentes, y mucha confusión el poderoso cargo de fiscal adjunto de Delitos Econó­micos, Carlos Arregui.

Y este es el tercer error: al contrario de lo que cree el Presidente que va a lograr contratando al ex fis­cal Arregui, devenido concejal de Asunción, tras afiliarse a un partido minúsculo, en una confusa circunstancia, para candidatarse al nuevo cargo y no quedar descolgado del oleoducto público, tras abandonar de golpe el importante y pode­roso cargo de fiscal adjunto de Delitos Económi­cos. Más que generar confianza, ya está generando dudas.

Y el siguiente error, por si fuera poco, del Presi­dente, a los fines de la República, institucional y constitucionalmente hablando, es “personalizar” la investigación, pues existen las instituciones con­traloras establecidas para el efecto, las que quedan ninguneadas para rescatar a un fiscal del olvido, creando una situación de excepción cuando existe la regla para que las instituciones establecidas para el efecto cumplan sus respectivos roles.

Queda el dilema de que el Presidente no confía en las instituciones o que busca una situación de excepción, para beneficiar a una funcionaria, una medida extraordinaria que genera aún más dudas.

Por último, aunque no esté de más, es un error vin­cular esta investigación a la gestión de Petropar en el período anterior: si el Presidente y sus colabo­radores hubieran pensado que había razones para hacerlo, tendrían que haber iniciado la investiga­ción sin necesidad de vincularla con el caso de su funcionaria. Casi casi parece una pelea escolar o una amenaza politiquera.

Y el principal y general error es más grave que todos los otros juntos, porque el fallo que pueda emitir el fiscal “ad honorem” es también ad increí­ble: Arregui es contratado especialmente por el Presidente y resucitado del olvido de sus tiempos de investigador, con un sueldo millonario; lo que lo convierte, al contrario de los funcionarios con­tralores de la Nación, en un abogado particular, privilegiado, dando un veredicto a pedido de un cliente, el más importante de la República, pero de accionar, sin duda, dudoso para la gran mayoría de los ciudadanos que ya ahora cuestionan las opera­ciones dolorosas para el bolsillo de la ciudadanía y tremendamente sospechosas de beneficiar a la funcionaria en cuestión que pasa a un plano más sospechosamente resaltante.

Así que, por muy serio que parezca, el leguleyo elegido para zanjar la disputa, que en principio no lo parece; de cuyos antecedentes, positivos y negativos la gran mayoría no va a tener mi pizca de memoria: y, por el contrario va a tener la sospe­cha de que detrás de la elección hay un intento de encubrir el problema en vez de dilucidarlo.

Es decir, Arregui pasa a ser para la gente común, un empleado privilegiado del Presidente con un sueldo millonario.

El otro factor para la sospecha es que el Presidente contrata al ex fiscal anticorrupción, un hombre con mucha información… para enturbiar en vez de esclarecer la denuncia que pesa contra la funcio­naria cuestionada.

En conclusión, sería bueno que se deje actuar en cada caso a las instituciones correspondientes y presupuestadas, con funcionarios que tienen sus deberes y atribuciones bien establecidos: lo que no descarta que el Presidente pueda mantener a Arregui en el cargo, ya que es su atribución, aun­que debe tener en consideración que más que ayu­dar a desentrañar el embrollo sólo va a contribuir a embarrarlo.