El contrabando que permea las fronteras de nuestro país es un verdadero azote para la economía formal del Paraguay. La facilidad con que ingresan diferentes mercaderías desde los países limítrofes es una herida que desangra la economía formal, provocando además una enorme sangría en la producción local.

La tarea de contención del contrabando es una labor compleja y que atañe un amplio involucramiento de instituciones estatales para frenar el ingreso ilegal de productos así como la venta ambulante de los mismos.

El gobierno de Mario Abdo Benítez se encuentra en una coyuntura económica bastante insegura e incierta debido a la inestabilidad económica de los países de la región, en especial de las economías más grandes como Brasil y Argentina. Tanto la caída del real (que ha empezado recién a valorarse en las últimas semanas) y, sobre todo, la meteórica depreciación del peso argentino están provocando que el ingreso ilegal de mercancías desde el vecino del sur ya es una realidad y que con el correr de los meses puede empeorar si no se toman medidas eficientes en la brevedad posible.

A saber, el perjuicio es tremendo no solo porque genera una injusta competencia desleal. No solo lo sufren los productores locales, pequeñas y grandes empresas, o industrias primarias, sino que con el ingreso ilegal de mercaderías los derechos aduaneros no se perciben y en la práctica además se deja de pagar el 10% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo que el erario público se ve perjudicado enormemente con estas evasiones.

Apremiado por las amenazas a nivel regional que facilitan el contrabando, el Gobierno central ensaya una respuesta que puede ser efectiva. Para buscar una solución, o al menos neutralizar los efectos, creó la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), una unidad que aglutina a varias entidades estatales que trabajarán de manera coordinada bajo la batuta del ex fiscal Emilio Fúster. Esta unidad se reunirá de manera periódica para establecer estrategias y medir resultados.

Si la decisión del gobierno es acertada o no, solo el tiempo lo dirá, pero no caben dudas de que el Estado paraguayo debe mostrar una fuerte respuesta, una voz política, ante estas amenazas y que la administración Abdo está aún a tiempo de impedir y contrarrestar las consecuencias nefastas del contrabando.

Resulta innegable que cuanto mayor sea la eficacia de esta unidad, mayor será el beneficio para los ciudadanos y para el Estado, que verá cómo la evasión se reduce y crecen los ingresos públicos.

Pero también hay que hacer una salvedad. Más allá de que el consumidor local encuentra mejores precios en los productos ilegales, es necesario también enfatizar que a la ciudadanía le compete un rol fundamental: evitar la adquisición de estos productos, que en muchos casos no tienen garantía de ningún tipo.

Por ello, la lucha contra esa ilegalidad y la informalidad consiguiente debe formar parte de la educación ciudadana desde las instituciones escolares, en la familia y en las instituciones públicas, pues no se debe tolerar y menos alentar el delito que perjudica gravemente a los paraguayos, en mayor o menor medida.

El contrabando ha sido y es uno de los mayores azotes que desde siempre ha tenido el Paraguay. La participación en este esquema delictivo incentiva la informalidad, que solo favorece a los que actúan al margen de la ley y que no benefician al país. Por tanto, merece ser enfrentado de una vez por todas por la ciudadanía con una toma de conciencia de su gravedad y con las medidas que deben aplicar las autoridades del sector.