Ahora que la devaluación del peso hace muy baratos los productos argenti­nos y que las mercaderías brasile­ñas siguen siendo atractivas para los informales que introducen al país mercancías de forma ilegal, el Gobierno debe tomar muy en serio el problema del contrabando desde los paí­ses vecinos. Ya que en este momento es la más fuerte amenaza que tiene el Paraguay en su eco­nomía para mantener el equilibrio de las finanzas públicas y sostener a las empresas privadas que dan trabajo a miles de personas.

El ingreso de mercaderías de contrabando pone en peligro a las industrias, los comer­cios legales del país y a consecuencia de ello se corre el riesgo de la pérdida de empleos de muchos paraguayos. Por la evasión impositiva que representa, causa un enorme perjuicio al Estado paraguayo que repercute en su estabi­lidad fiscal y puede ocasionar graves peligros en las inversiones para educación, salud, gastos y promociones sociales que tiene que cubrir el Gobierno con las recaudaciones impositivas.

Se ha informado que solo por el contrabando de bebidas alcohólicas, el Estado perdió en el 2017 más de 32.500 millones de guaraníes (US$ 4,4 millones) por la evasión impositiva, suma un poco superior a lo que el Ministerio de Salud paga durante 4 meses al personal técnico y de salud contratado en todo el país. Eso porque el valor del alcohol importado sin control del fisco superó los 74 millones de dólares en un solo año, con el con­siguiente peligro que ello significa para las indus­trias locales y comercios legales.

De acuerdo con las estadísticas más optimistas, en el Paraguay se percibe solo el 70% de lo que se tendría que recaudar, en tanto que, según otros cálculos, en el país se está percibiendo solo alre­dedor del 50% de lo que corresponde debido a la altísima evasión propiciada por el contrabando y la economía informal. Pero en cualquiera de los casos lo que no se discute es el alto porcentaje de dinero que deja de recibir el Estado por las irre­gularidades tanto en el ingreso como en la comer­cialización de productos, además de otros delitos impositivos derivados de la alta incidencia de la economía informal.

Para colmo, según la interpretación de los enten­didos en el tema, el delito de evasión tributaria es un buen negocio para muchísima gente, porque según las leyes, las deudas tributarias prescri­ben a los cinco años. Porque, aunque le multen a alguien por el fraude cometido, todos los impues­tos que no ha pagado en los ejercicios anteriores a los 5 ó 6 años son ganancias para el evasor.

El Gobierno Nacional debe tomar muy en serio este tema, por las circunstancias actuales de los países vecinos, por la fragilidad extrema de nues­tras fronteras y la alta incidencia de la informali­dad en todo el país. Es hora de que el contrabando y la consiguiente comercialización ilegal de los productos deban ser considerados los enemigos públicos número uno del Paraguay y tratar de combatirlos con todas las armas que se tienen.

La guerra frontal al contrabando y la formaliza­ción de la economía negra en que se mueve debe ser una de las principales tareas de las autorida­des fiscales, militares y policiales. Sin desarro­llar en forma esa tarea, el fisco no podrá recau­dar lo que necesita para los gastos e inversiones del Estado y corren peligro los empleos de mucha gente que trabaja en las industrias y en los comer­cios que se verán perjudicados por el incremento de la informalidad.

El estreno del nuevo Gobierno es el momento ideal para iniciar una gran campaña nacional contra la ilegalidad en un campo tan sensible como el económico. La lucha no debe librarse solo en las fronteras, sino también en los negocios donde compra la gente exigiendo comproban­tes legales, en los medios periodísticos para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la formalización; en las escuelas, colegios, univer­sidades y lugares públicos donde se debe apren­der que cumplir y hacer cumplir la ley es un acto patriótico que tiene como beneficiarios al país y su gente.