De nuevo, ya es una costumbre, están en juego la Constitución, las leyes y las instituciones instauradas por la Constitución, después de las sucesi­vas violaciones reconocidas, leyendo las propias declaraciones de los violadores. Cualquiera que quiera saber puede recurrir a los documentos de los medios, declaraciones públicas y hasta pre­sentación de recursos ante la Corte, cuando un solo senador, Lugo, de dudosa legalidad en los cargos públicos que ha ejercido afirmó pública­mente, como tantos otros, que en cuanto al jura­mento de los senadores electos y proclamados, Cartes y Duarte, acataría la decisión de la Corte.

Él mismo solicitó el dictamen. La Corte dicta­minó que podían ser senadores y Lugo hizo lo que se le cantaba nombrando por cuenta propia a dos senadores que no fueron ni electos por el pueblo ni proclamados por la Justicia Electoral; probablemente, esbozando una “sonrisa disimu­lada” como publicó un politólogo, quien cerraba su reflexión, no sin cierta admiración, “es que no se llega a obispo siendo lerdo o torpe”. Tal vez fuera la misma sonrisa o semejante a la que regis­traron comentaristas de policiales que esbozaba Al Capone cuando lograba torcer en la Justicia alguno de los fallos en su contra y a favor de los más diversos delitos.

El asunto es que la historia puede volver a repetirse, solo que, parafraseando al filósofo, volviéndose cada vez más grotesca. El caso ahora es que el presi­dente del Congreso, Silvio Ovelar, dijo que en mate­ria de establecer el sucesor del renunciante senador Oviedo debe recurrirse a la institución correspon­diente, es decir, al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tiene razón, pero puesto en sus propias palabras, hasta ahora la ley corresponde al artículo 23 o, al decir de algún comentarista, a definir los temas constitucionales y legales, y electorales, en forma de pulseada… política. Es decir, establecer de facto los candidatos a cargos electivos por medio de la la ley del mbarete, siguiendo el ejemplo de Lugo; para esto de violar la Constitución parece ser que son todos o casi todos “obispos.”

Lugo ya lo hizo con la violación de la Constitu­ción Nacional, en aquel entonces con el apoyo de la “impoluta” oposición, que lo apoyó como candidato a presidente, pese a la clara prohibición constitu­cional para ese cargo a “los ministros de cualquier religión o culto”; y volvió a hacerlo dando la orden de desalojo a policías desarmados ante un piquete de enmascarados armados hasta los dientes, que desató la masacre de Curuguaty, por si le interesa incluir el tema en la investigación que anuncia va a realizar el ministro del Interior. Y luego una vez más, sin contar las violaciones y abusos de muje­res, con la complicidad del silencio incluso de “polí­ticas”; siguió violando a la República convocando a militares paraguayos para ser arengados por el entonces canciller venezolano, el criminal Maduro, para incitarlos a la subversión contra el Congreso Nacional.

La culminación fue la asunción de la representación del pleno del Congreso para hacer jurar a dos “sena­dortruchos”, degradando aún más la política que ya había instituido el sometimiento de la Constitución al famoso artículo 23; es decir, que 23 senadores pue­den anular la Constitución, las leyes, el voto popular y la Justicia Electoral, sin inmutarse.

Lugo fue más lejos: instauró el artículo ventiúnico; es decir, él asumió la representación de todo el Senado, “con su larga experiencia en esos enredos, y estable­ció como nueva ley suprema, el artículo 21, es decir, que un ventiúnico senador, o sea, él, podía ejercer el poder constitucional, electoral y ere eréva: la suma de todos los poderes. Todo con una “sonrisa obispal”. ¿Compartirán los demás obispos el criterio? O como decía una canción de protesta de los 60… “Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma…”.

El caso es que, según la Justicia Electoral y la abso­luta mayoría de los pocos expertos que hay en la materia, no cabe duda de a quien corresponde el cargo de senador que deja Oviedo Mato, pero ya hay tal alboroto de aprendices de Lugo que casi todos consideran que el cargo les corresponde a ellos. Se dijo de la sala Constitucional de la Corte, para ningu­nearla, que todos eran corruptos, sin que ellos mis­mos, los acusadores, hubieran iniciado el juicio que les corresponde hacer; ahora se inventará cualquier disculpa, el caso es que todo tiende a que se vuelve a repetir la historia y a algún abusador con disimulada sonrisa se le ocurra nombrar a quien le cante.

La cuestión que queda pendiente es que si un solo senador, en medio de un javorái, puede ejercer el poder a discreción e indiscreción al mismo tiempo, es decir, el delito a cara descubierta, se puede volver a repetir la historia. Ya que el presidente del Senado vuelve a insistir en que hay que respetar las nor­mas y que él no puede representar a un cuerpo cole­giado, con lo que tiene razón, sobre todo a un cuerpo colegiado que deja que un solo miembro ejerza su representación y asuma sus atribuciones y siga tan campante, es decir, que en plena democracia está de nuevo vigente la ley del mbarete.