Andrew Ross Sorkin

Al mediodía del 3 de setiembre, Doug McMillon, el director ejecutivo de Walmart, me envió un correo electrónico sorpresa. Me compartió una serie de políticas para combatir la violencia relacionada con las armas que la empresa estaba a punto de hacer públicas, a un mes del tiroteo masivo que terminó con la vida de 22 personas en una de sus tiendas en El Paso.

El correo electrónico de McMillon fue una especie de respuesta a una carta abierta que le escribí, así como a la indignación de muchos estadounidenses que le pidieron usar su influencia como líder del minorista más grande del país para crear un modelo de prácticas más responsables para la venta de armas.

Bajo el mando de McMillon, Walmart ya había detenido la venta de armas de asalto y había aumentado a 21 años la edad requerida para comprar armas. Sin embargo, durante los cinco años que lleva como director ejecutivo de una empresa con sede en Arkansas que llega a casi todos los rincones del país, se había mostrado reacio a hablar en público en contra de la violencia relacionada con las armas por temor a una reacción negativa de sus clientes y de grupos políticos. No obstante, el 3 de setiembre irrumpió en el debate.

En su propia carta abierta a los empleados de Walmart, McMillon, un hombre de 52 años de aspecto juvenil y carácter mesurado originario de Jonesboro, Arkansas, mencionó que la empresa va a dejar de vender municiones para armas cortas y armas de estilo militar, va a dejar de vender por completo armas cortas y va a desalentar la portación de armas en sus tiendas (incluso en estados donde se permite portar un arma a la vista).

En una serie de cartas a líderes del Congreso y al presidente Trump, McMillon solicitó que se debata la reautorización de la prohibición de las armas de asalto y que se financien investigaciones sobre la violencia relacionada con las armas.

La maniobra de McMillon podría ser un parteaguas. Su decisión de involucrarse en una conversación significativa sobre la venta responsable de armas en Estados Unidos podría facilitar que otros líderes empresariales entren al debate.

Hasta ahora, muchos altos ejecutivos de las corporaciones estadounidenses –salvo algunas notables excepciones– se han rehusado a reconocer que podrían tener un papel importante para poner un alto a la epidemia de la violencia relacionada con las armas. Siempre señalaban a los políticos en Washington como los responsables de resolver la crisis.

Por ejemplo, Al Kelly, el director ejecutivo de Visa, cuya red ha sido utilizada en repetidas ocasiones para llevar a cabo asesinatos masivos, ha esquivado todos los intentos de siquiera discutir qué podría hacer su empresa para ayudar. A Kelly le gusta decir, como lo hizo a inicios de este verano: “Estamos en el negocio de facilitar el comercio legal. Eso es a lo que nos dedicamos. Nuestro trabajo no es establecer o interpretar la ley, sino obedecerla”.

Kelly y otros directores ejecutivos tal vez deberían estudiar el ejemplo de McMillon, quien ha optado por no vender ciertos productos, aunque son legales.

“Para nosotros es claro que el statu quo es inaceptable”, escribió McMillon a sus empleados.

Hace años, Walmart impuso límites de edad y revisiones de antecedentes para vender armas que van más allá de la ley federal. Por ejemplo, la empresa exige “luz verde” en la revisión de antecedentes –es decir, el visto bueno del gobierno–, pero la ley federal permite que los minoristas vendan el arma si el gobierno no da una respuesta a la revisión de antecedentes en tres días hábiles. Walmart también graba en video la venta en la caja, algo que tampoco exige la ley federal. Además, la nueva política de McMillon de disuadir a los clientes de portar armas a la vista en sus tiendas, aun cuando la ley estatal correspondiente lo permita, es una demostración para los líderes empresariales de que puede prevalecer el sentido común.

McMillon señaló que quería compartir los procesos de la empresa con otros minoristas. “Estamos explorando las maneras de compartir las especificaciones técnicas y los controles de cumplimiento de nuestra plataforma tecnológica patentada para la venta de armas de fuego”, escribió. “Este sistema navega las decenas de millones de posibles combinaciones de leyes federales, estatales y locales, regulaciones y requisitos de licencias aplicables en cada caso según el lugar donde se vende el arma de fuego y quién la compra”.

Los críticos argumentarán que las medidas de McMillon no son suficientes, y es verdad que podría haber hecho más; por ejemplo, podría haber respaldado una prohibición de las armas de asalto en vez de simplemente solicitar un debate en el Congreso. Otro argumento es que Walmart debería dejar de vender todo tipo de armas.

Sin embargo, interrumpir toda la venta de armas solo socavaría el papel de la empresa en el desarrollo de procesos más responsables para toda la industria. Mi carta abierta a él sugería que siguiera vendiendo algunas armas porque le daría una influencia sobre el sistema que de otra manera le sería imposible tener.

Defensores prominentes del control de armas, como la ex representante Gabrielle Giffords, felicitaron a McMillon.

“La acción de Walmart es otra señal de que el sector privado se ha hartado de la crisis de violencia relacionada con las armas en Estados Unidos”, mencionó en un comunicado. “Abordar un problema de esta magnitud requiere que líderes de toda la sociedad estadounidense sean parte de la solución. Todos los estadounidenses deberían aplaudir el anuncio de Walmart y tengo la esperanza de que inspire a los líderes electos a seguir sus pasos”.

Ojalá que la inspiración no se limite a los políticos… o a McMillon. ¿Quién será el próximo director ejecutivo que siga su ejemplo?