Peter J. Henning
Es inusual que la legislación penal estadounidense se emplee como herramienta para influir en la política comercial global. Sin embargo, es justo lo que ha ocurrido desde hace algunos meses en los enfrentamientos entre Estados Unidos y las empresas chinas acusadas de robar tecnología y violar leyes sobre sanciones económicas.
Al centro de la controversia se encuentra Huawei. El Departamento de Justicia hizo públicas dos acusaciones formales en contra de la empresa tecnológica china y su directora de Finanzas, Meng Wanzhou. Las acusaciones hacen referencia a un esquema operado durante mucho tiempo con el propósito de robar secretos comerciales y realizar negocios con empresas iraníes en contravención de las sanciones económicas impuestas a ese país.
La pregunta es si el Departamento de Justicia en realidad puede obtener condenas que logren disuadir a las empresas chinas de robar propiedad intelectual.
HUAWEI ESTÁ BAJO LA LUPA
La primera acusación formal, presentada en Seattle, considera pruebas de que Huawei y su subsidiaria estadounidense robaron secretos comerciales de T-Mobile. Esta empresa de telecomunicaciones promovió juicio en contra de Huawei en el 2014 y, con base en ese caso civil, el Departamento de Justicia, a su vez, presentó cargos por conspiración, intento de robo de secretos comerciales y fraude electrónico. Los fiscales también agregaron un cargo de obstrucción a la justicia, tanto en el caso civil como en la investigación del gran jurado.
Conforme a la legislación relativa a secretos comerciales, constituye un delito federal robar u obtener mediante acciones fraudulentas secretos comerciales en relación con cualquier producto o servicio. La legislación, en su amplia definición de “secreto comercial”, afirma que incluye “cualquier forma o tipo de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería”, y también abarca productos intangibles como el software.
La segunda acusación formal, presentada en Brooklyn, afirma que Meng y Huawei engañaron a cuatro bancos para que procesaran transacciones realizadas con Irán a través de una subsidiaria, Skycom, con la que la empresa controladora afirmó haber dado por terminadas sus relaciones. Como en el caso de Seattle, la fiscalía federal también acusó a la empresa de intentar impedir la investigación, pues le mintió al gobierno federal, ocultó y destruyó pruebas, e incluso trasladó a posibles testigos de regreso a China, para que la fiscalía no pudiera tener contacto con ellos.
El Departamento de Justicia pretende extraditar a Estados Unidos a Meng, quien fue arrestada en Canadá, para que enfrente cargos por su participación en un esquema fraudulento con el objetivo de engañar a los bancos, ya que sostiene que mintió acerca de las razones por las cuales un banco decidió cortar sus vínculos con Huawei.
BATALLA MÁS AMPLIA
No obstante, los cargos en contra de Huawei tan solo son un paso más para acorralar a las empresas chinas que han incurrido en violaciones de la legislación estadounidense.
En noviembre, el Departamento de Justicia anunció que tenía planeado asignar recursos a una nueva “Iniciativa China” cuyo objetivo sería identificar casos de robo de secretos comerciales por parte de empresas chinas.
El mismo mes, la fiscalía presentó cargos penales en San José, California, en contra de la empresa pública china Fujian Jinhua Integrated Circuit, la empresa taiwanesa United Microelectronics y tres ciudadanos taiwaneses. El caso se refiere al robo de secretos comerciales de Micron Technology en relación con circuitos de memoria DRAM, utilizados en casi todos los dispositivos computarizados modernos.
El Departamento de Justicia también presentó una demanda civil en el mismo caso, como medio para presionar a las empresas a que se abstengan de transferir fuera de Estados Unidos tecnología que contenga los circuitos de memoria.
¿PENA DE MUERTE CORPORATIVA?
El Departamento de Justicia ha cobrado multas sustanciales por violaciones a las leyes sobre sanciones económicas, incluido un pago por casi 9.000 millones de dólares de BNP Paribas, que se declaró culpable de procesar transacciones por miles de millones de dólares en contravención de las sanciones impuestas a Cuba, Irán y Sudán.
Si resulta que incluso funcionarios de los niveles más altos de Huawei, como Meng, participaron en el robo de secretos comerciales y el incumplimiento de las sanciones estadounidenses, una disposición contenida en los lineamientos de las sentencias federales estipula que el tribunal puede determinar que la empresa “operaba principalmente con fines o medios criminales”. Esa interpretación autorizaría una multa “suficiente para despojar a la organización de todos sus activos netos”, es decir, sería el equivalente a la pena de muerte corporativa. Aunque no es probable que se llegue a tal decisión, es un reflejo de las facultades más amplias con que están investidos los fiscales federales para impedir que una empresa incurra en delitos.
El uso de la legislación penal para presionar a las empresas chinas es una estrategia nueva en la batalla constante contra el robo de propiedad intelectual y la contravención de sanciones impuestas por Estados Unidos. Lo que está por verse es si a las empresas establecidas en China les preocupa la posibilidad de que se presenten cargos penales en su contra, pues los fiscales no podrían cobrarles multas con tanta facilidad. Así que no parece muy probable que se aplaque la lucha para evitar el robo de tecnología; antes bien, seguirá siendo un tema de controversia entre Estados Unidos y China por algún tiempo.