POR PETER J. HENNING

El encanto de adquirir riquezas rápidas ha atraído a una cantidad cada vez mayor de inversionistas hacia las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas. También ha llamado la atención de artistas del engaño.

La organización sin fines de lucro Anti-Phishing Working Group estimó que se han robado cerca de 1.200 millones de dólares desde inicios del 2017.

Los reguladores se han preocupado tanto por los ilícitos que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) incluso lanzó un sitio web falso de una oferta inicial de HoweyCoins con el fin de demostrar con qué facilidad se puede engañar a los inversionistas para que se desprendan de su dinero.

Sin embargo, combatir el fraude de las monedas virtuales casi se ha vuelto un juego del gato y el ratón para los reguladores y procuradores federales, quienes al parecer encuentran cada iteración a unos pocos pasos adelante de ellos.

El desafío que enfrentan las autoridades es que las criptomonedas son tan nuevas que no encajan en las leyes aprobadas hace décadas, las cuales prohibían los ilícitos en los mercados de valores y de productos básicos. Tomará algún tiempo que esas regulaciones se pongan al corriente.

Bloomberg informó que los procuradores federales estaban trabajando con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por su sigla en inglés) para determinar si los operadores están manipulando el precio de Bitcoin, Ether y otras criptomonedas. A diferencia de los esquemas fraudulentos o robos a inversionistas individuales, este tipo de conducta llega al fondo del mercado de las monedas virtuales. Es decir, los precios podrían no reflejar un valor real, sino que, en todo caso, quienes buscan ganancias los suben o bajan de forma artificial.

COBERTURA

La jurisdicción de la SEC solo cubre inversiones que se utilizan para financiar empresas, y Bitcoin difícilmente encaja en ese modelo. Más bien, la agencia se ha concentrado en empresas que utilizan las ofertas iniciales de monedas para recaudar dinero, con el argumento de que hacerlo es lo mismo que vender acciones o bonos a inversionistas, y por lo tanto se deben seguir las complejas reglas de registro de valores.

La CFTC podría tener mejor suerte al momento de vigilar las transacciones con las criptomonedas. En una decisión que tomó en marzo el juez Jack B. Weinstein de la Corte Federal de Distrito en Brooklyn sentenció que las monedas virtuales “son ‘bienes’ intercambiables en un mercado por una calidad y un valor uniformes”, así que se encuentran dentro de la definición que menciona la Ley de Mercados de Productos Básicos que cubre “todos los productos y artículos”. Esto quiere decir que las operaciones que están diseñadas para defraudar a los inversionistas o manipular el precio de un producto básico están sujetas a un proceso civil y criminal.

La decisión fue la primera en designar a las criptomonedas como un producto básico. Que otras cortes estén de acuerdo está por verse. Los acusados están seguros de poder impugnar todos los cargos basados en violaciones a las leyes de productos básicos. Lo más probable es que argumenten que las monedas virtuales son un medio de intercambio en vez de un producto básico como el oro o el trigo.

Aun si rigieran las leyes de productos básicos, puede ser difícil demostrar que hubo manipulación. El gobierno debe probar que el operador tuvo la intención de afectar el precio de manera artificial. La Corte Federal de Distrito en Manhattan alguna vez explicó que “entrar en una transacción legítima con el conocimiento de que esta distorsionará el mercado no es manipulación… la intención, mas no el conocimiento, es lo que puede transformar una transacción legítima en manipulación”.

Uno de los desafíos para demostrar que un acusado intentó subir (o bajar) el precio de las criptomonedas es que, a diferencia de las acciones, no se comercian en bolsas centralizadas. Tan solo reunir información sobre las operaciones podría ser un desafío para los procuradores y los reguladores que intenten demostrar que hubo manipulación. Además, se puede comerciar con monedas virtuales casi en cualquier parte del planeta, así que, incluso si hay un patrón de órdenes sospechosas, los perpetradores podrían estar lejos del alcance de las autoridades federales.

Sin embargo, los procuradores federales poseen dos armas poderosas que no están disponibles para los reguladores financieros de la SEC y la CFTC: los estatutos sobre fraude electrónico y de correo. Estas leyes cubren el engaño y los circuitos de fraude que involucran propiedades valiosas, entre ellas las intangibles como Bitcoin y Ether.

Aunque las firmas que comercian con criptomonedas suelen llamarse “bolsas”, no están registradas ante la SEC o la CFTC, y sus clientes no tienen ninguna de las protecciones que tienen los inversionistas que comercian acciones y productos básicos. Si el gobierno en verdad busca monitorear los mercados para encontrar criptomonedas, tendrá que solicitar a las firmas comerciales que cumplan con las reglas de las bolsas, las cuales incluyen disposiciones que tienen como objetivo mantener un registro exhaustivo de las actividades.

Tal vez como un gesto de alusión a la inevitabilidad de una regulación de mayor alcance, Coinbase, una de las plataformas más importantes en el comercio de criptomonedas, está en conversaciones con la SEC respecto de su registro como firma de corretaje para poder comerciar activos como Bitcoin y otras monedas mientras cumple con las leyes de valores. La empresa podría crear un “sistema de comercio alternativo” para comprar y vender criptomonedas y tokens. Al hacerlo, la firma estaría sujeta a cumplir requisitos exhaustivos para proteger el capital y a los clientes además de aceptar la supervisión de la SEC y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra). Los clientes de Coinbase solo podrían comerciar activos que estén registrados de manera apropiada ante la SEC, otro paso para que las criptomonedas estén sujetas a los requisitos de registro y divulgación de la ley federal de valores y productos básicos.

Aunque sería costoso ser un corredor, Coinbase podría utilizar ese estatus como una herramienta de mercadotecnia al decir a sus clientes potenciales que será mucho más seguro comerciar por medio de su plataforma que con las firmas no reguladas que pueden sufrir robos de activos o manipulación de precios. De manera muy similar a cómo las automotoras promocionan que sus medidas de seguridad se rigen bajo reglas que ganaron después de una larga batalla, un corredor puede ofrecer una protección mucho mayor a los clientes y estos podrían estar dispuestos a pagar por ella.