- Por Benjamín Livieres
- Analista político de NM
Ni el Gobierno consiguió que se aprueben todas las medidas que pretendía, ni los docentes pudieron mantener intacto un sistema de privilegios que la ciudadanía rechaza. Ambas partes tuvieron que resignar ciertas cuestiones, “ceder”, como se dice vulgarmente, para así avanzar en las negociaciones y encontrar una salida intermedia, tal como se resuelven los conflictos de manera civilizada. El otro camino, ahora despejado, hubiera sido el de la confrontación y el consecuente agravamiento de la conflictividad social, inconveniente para el país y para un sistema educativo que ya carga con suficientes problemas pedagógicos por resolver.
El Ejecutivo defendía que la edad mínima jubilatoria fuese de 57 años y la tasa de sustitución, es decir,el porcentaje del sueldo que perciba el jubilado, sea del 70 % a los 25 años y alcance el 85 % a los 62. Esto, según el Ministerio de Economía, permitiría reducir el déficit de 380 millones de dólares en un 60 o 70 %. Los docentes, que no exista edad mínima, que a partir de los 25 años de antigüedad sigan gozando del beneficio de la jubilación sin considerar la edad, con una tasa de sustitución del 80 % y que llegue al 100 % a los 62.
Las otras discrepancias giraron en torno a los aportes. El Ejecutivo acordó con Diputados que de parte del Estado sea del 1 % anual, hasta llegar a 5 %, considerando que en la práctica viene financiando gastos de salud, aguinaldo y calzando el déficit de la fuerza pública, lo que representa un total de 12,9 % y que los docentes aporten 19 %. Estos, por su parte, que la participación del Estado sea del 14 % y la de ellos del 16 %.
Las posiciones, como puede observarse, se ubicaban en las antípodas. Los gremios del magisterio cerraron filas y dieron muestras de una gran capacidad de movilización. La oposición y la disidencia colorada, mientras declamaban la necesidad de la reforma, tiroteaban contra el proyecto del Ejecutivo, pero sin ofrecer alternativa alguna. En síntesis, existían todos los ingredientes para que se agravara el conflicto y el oficialismo termine pagando un elevado costo político, muy conveniente para el bloque de disidentes y opositores en tiempos electorales. Y es eso lo que hubiera sucedido si el Gobiernopersistía en la intención de aprobar el proyecto original o si, para evitar males mayores, abandonaba la iniciativa, lo que supondría un costo menor, pero en el marco de una derrota política que lo debilitaría.
En este escenario, el Gobiernoy las organizaciones docentes obraron con madurez y mucha prudencia. El rol de Pedro Alliana y de la bancada oficialista, es decir, de dirigentes políticos que ven más allá de los números fríos que arrojan los cálculos técnicos, fue clave para encontrar una salida, a la que finalmente se arribó: seestablece una edad mínima para jubilarse, pero no de 57, sino de 53, aunque no por la simple voluntad del beneficiario sino restringido a casos de enfermedad o impedimentos físicos. Y el aporte estatal se eleva al 10 %, asumiendo que seguirá financiando el déficit que persistirá, pero se mantuvo la contribución de los docentes en 19 %.
En consecuencia, la reforma –si bien es parcial– representa un avance. Prevaleció la sensatez política del “gradualismo” en lugar del “shock” y de la negociación en vez de la imposición, mecanismo este que hace a la naturaleza misma de la democracia. Un desenlace que solo ocasiona la frustración de los que esperaban una crisis de la cual beneficiarse.