- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- Consultor financiero
- jzaratelazaro@gmail.com
En un país pequeño como el nuestro no se justifica que sigamos teniendo 11 ministerios y aproximadamente 20 secretarías ejecutivas, con dependencia directa del Poder Ejecutivo.
Vivimos en plena era de la tecnología en donde los flujos de procesos podrán acelerarse al máximo a través de conexiones en línea entre las diversas instituciones.
No tiene sentido que sigamos teniendo casi 340.000 funcionarios públicos pudiendo con no más del 60 por ciento operar cualitativamente con eficiencia y eficacia.
Necesitamos más profesionalismo, pensando en el bien común de nuestra gente y no solo en el buen pasar de unos pocos, sin aportar valor agregado alguno.
El clientelismo y prebendarismo deberían tener punto final, más aún ahora que se ha promulgado la Ley del Servicio Civil, donde la meritocracia, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional serán los principales factores a tener en cuenta.
Hagamos la depuración que precisamos, dejando solo a los que los merecen por actitud y aptitud, para que nuestra gente, quien es la que aporta al PGN con el pago de sus impuestos y otros tributos, reciba el servicio de calidad que se merece.
Decimos que en este 2025 se les dará prioridad a los rubros de salud pública, educación, obras de infraestructura y seguridad, sectores que absorben sumas importantes, pero que debido a los millonarios gastos rígidos (sueldos y salarios) de servidores públicos y otros gastos superfluos no permiten una mayor asignación de recursos.
El Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, junto con las direcciones de Capital Humano y de Organización y Métodos, deberá hacer un trabajo en equipo para realocar a los funcionarios que podrían tener una mejor performance y contribución a las entidades, y todos aquellos que no aportan valor agregado, pues deben ser desvinculados.
Tomemos el ejemplo de la Argentina, cuyo gobierno hasta ahora ha desvinculado a aproximadamente 40.000 funcionarios públicos, representando para el fisco un importante ahorro para redireccionarlo a los sectores que realmente puedan contribuir al desarrollo y mejor calidad de vida, habiendo logrado ya déficit fiscal cero.
Tenemos ministerios y secretarías que deben ser fusionados, pues varias de ellas realizan funciones que se superponen innecesariamente.
Dejemos de lado el populismo y concentrémonos en lo que nuestro país realmente precisa, que es una mejor salud pública y calidad educativa, sin los cuales difícilmente podremos lograr los niveles de desarrollo que pretendemos.
La burocracia estatal sigue su curso, siendo uno de los mayores cuellos de botella, ya que nuestra gente debe esperar meses para concluir con sus trámites pudiendo ser aprobados sin contratiempos si trabajamos con diligencia, profesionalismo y eficiencia y teniendo en cuenta que la tecnología está presente.
El grado de inversión alcanzado a través de la calificadora de riesgos Moody’s es un espaldarazo de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas, pero no todo termina allí, puesto que si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro Estado paquidérmico y desfasado en el tiempo.
El Viceministerio de Capital Humano debe ser el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, lo que permitirá una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país sigue concentrada en la debilidad estructural de nuestras instituciones.
Dentro de la plantilla de funcionarios de nuestras instituciones deben estar los más capaces, con quienes podremos concretar los planes estratégicos con eficiencia, eficacia y calidad comprobada.
Los esfuerzos que viene haciendo el Poder Ejecutivo aplicando una diplomacia económica, en donde el mismo presidente de la República ya ha recorrido varios países presentando las virtudes que tenemos como país y las posibilidades potenciales de que inversionistas extranjeros vengan a radicar sus capitales, podrían tener un efecto relativo si no nos disponemos a superar dichas debilidades, que siguen constituyéndose en una de las principales áreas críticas de riesgos.