Por Felipe Goroso S.
Columnista.
Twitter: @FelipeGoroso
La semana pasada se aprobó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas. Establece que los insumos alimenticios a ser destinados para las ollas populares serán adquiridos y distribuidos por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social. Faculta al Poder Ejecutivo la utilización del saldo no ejecutado de la línea de crédito autorizada en la ley de emergencia sanitaria aprobada para la lucha contra el covid, son 15 mil millones, y en cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, se faculta al Poder Ejecutivo la utilización de 10 mil millones. En síntesis, no se podrá alegar falta de recursos. Pero como siempre el debate no es económico, aunque en vano se siga insistiendo en tratar de instalarlo bajo esa óptica; como siempre, el debate es político. Y está bien que así sea.
La medida generó críticas de diversos sectores, se dijo desde que las ollas populares no deberían ser política de Estado ya que siempre serán apenas un parche, hasta que esta ley será motivo de corrupción en el manejo de los fondos públicos asignados a la misma. Y, de vuelta, las dudas o críticas incluso pueden ser válidas si se las hiciese fuera de este tiempo tan particular que nos toca vivir a todos.
Hay un elemento vital que se debe tener en cuenta a la hora de pensar sobre estas medidas: la importancia estratégica política de las ollas populares. Las mismas han ayudado muchísimo a que la crisis económica y de desempleo no se convierta en una crisis social y todos sabemos que ese es el último escalón antes de llegar a la tan temida crisis política. Basta con darse una vuelta por los bañados en Asunción, por los asentamientos o territorios sociales en el departamento Central y por las zonas más vulnerables de todo el país. Las ollas populares organizadas por diversas organizaciones barriales, religiosas, políticas están cumpliendo una tarea que el Gobierno, por una cuestión de supervivencia política precisa que se siga cumpliendo: la de contener la presión de gente que se quedó sin trabajo y tiene hambre.
Siempre y cuando esa gente se mantenga contenida en sus zonas no tendrán la necesidad de salir a sitios más visibles para reclamar derechos con manifestaciones que se pueden saber cómo empiezan, pero nunca como terminan y eso es absolutamente estratégico para el Gobierno, en estos momentos. Aunque con las particularidades del caso, lo ocurrido en Ciudad del Este cuando se anunció la vuelta a fase cero, es un termómetro válido que no se debe olvidar a la hora de hacer cálculos políticos. La política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, debe responder a las necesidades del momento de manera oportuna y conveniente. A la par, los mecanismos de control deben cumplir su papel.