A estas alturas no existe un solo ciudadano honesto que siga creyendo en esa frase gastada de Mario Abdo: “Caiga quien caiga”.
No cayó nadie, no le echo a nadie. Los cuestionados funcionarios que hoy ya no forman parte de su equipo terminaron renunciando por el desgaste de las denuncias y la presión ciudadana y para colmo, recibieron el agradecimiento por “los servicios prestados”.
Ni coraje ni valentía para destituir a un funcionario corrupto tiene el Presidente. Mucho menos tendrá la entereza de combatir la corrupción, al contrario, está sentado comiendo del banquete de los delincuentes.
“Si no actúan es porque son cómplices”, nos decía el empresario Blas Zapag sobre la inacción gubernamental para combatir el contrabando de combustible. Este sector ha formulado denuncias concretas y documentadas que fueron arrimadas a las autoridades, en las que se revelan que una conocida importadora metió entre el 2018 y el 2019, 12 millones de litros de ron 91 (nafta súper) sin poder justificar. Esto ocasionó un perjuicio al fisco por valor de US$ 9 millones.
Solo actuando con firmeza, en este caso, el fisco puede recaudar esa cantidad o el doble en un abrir y cerrar de ojos, pero no. Están más concentrados en plantear nuevos préstamos y seguir endeudando al país, cuando la crisis económica, fruto de esta pandemia, nos está carcomiendo.
Y lo paradójico es que quienes están dando señales de hacer frente a la corrupción son objetos de conspiraciones en el seno mismo del poder para ser apartados. Ahí está el caso de Cecilia Pérez, ministra de Justicia, quien tras una auditoría detectó irregularidades en la provisión de alimentos para las penitenciarías, dispuso unos traslados, tocó algunas piezas claves del engranaje del histórico “negociado de las carnes” y ahora están pidiendo su cabeza. Según ella, el mismísimo vicepresidente de la República estaría operando para destituirla porque “Cecilia molesta”.
Sin embargo, no molesta Rodolfo Friedmann, al contrario, lo defienden a capa y espada, pese a la contundencia de las pruebas en su contra de cómo hizo negocios a través del presupuesto destinado al almuerzo escolar. “Mi confianza tiene”, dice Juan Ernesto Villamayor. Claro, miren quién lo defiende. Nos faltaría tinta para imprimir y reflotar los chanchullos del jefe de gabinete.
Ayer se cumplieron dos años de gobierno de Mario Abdo Benítez. Dos años de acomodo de los amigos de Marito y su familia para hacer negocios a costa del Estado. Dos años de repartija del botín de las licitaciones entre sus aliados. Y para desgracia nuestra, llegó esta pandemia cuando estamos siendo gobernados por corruptos e ineptos, la peor combinación.
La fragilidad de nuestro sistema sanitario y que ahora colapsa, el grito desesperado del personal de blanco por equipos e insumos, la ciudadanía que no obtiene el resultado de los tests a tiempo no deberían tener perdón. Hace cinco meses se advirtió el problema y encima no pueden alegar la falta de recursos. Nunca antes un Ministerio de Salud tuvo un presupuesto especial como ahora, pero no hicieron nada, es más, quisieron jodernos con una compra de US$ 14 millones en favor de unos “empresaurios” como el clan Ferreira, quienes habrían prometido una buena coima y terminaron por erosionar la figura de Julio Mazzoleni, a quien hoy ya nadie tolera.
Perdieron autoridad moral
Dos años de un Gobierno con fracasos y a la deriva, con un Presidente flojo, soberbio y cómplice de corruptos. Las heridas del desgobierno siguen abiertas, dudo que algunas operaciones puedan cicatrizar el descontrol. Pasó el 15 de agosto y no hubo golpe de timón. La ciudadanía ya no está en condiciones de aguardar que Abdo reaccione. No se le puede pedir a uno algo de lo que carece: huevos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.