• POR DANY FLEITAS
• Editor en jefe de Política
• daniel.fleitas@gruponacion.com.py

En Paraguay existen varias peniten­ciarías, a saber: Tacumbú, Buen Pastor para mujeres, La Esperanza (Central) y el Centro Educativo Itauguá (menores); Juana de la Vega y Emboscada (departamento de Cordillera); Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay), San Pedro (departamento de San Pedro), Concepción (departamento de Concep­ción); Ciudad del Este y Juana María de Lara para mujeres (departamento de Alto Paraná); Misiones (departamento de Misio­nes) y Coronel Oviedo (departamento de Caaguazú). Suman exactamente 15 recluso­rios en toda la República del Paraguay para encarcelar a varones y/o mujeres que hayan cometido algún tipo de hecho punible.

En realidad, no son muchos lugares de reclu­sión para tanta la ocurrencia de delitos y pro­liferación de delincuentes, pero tampoco son pocos. No soy un experto en la política del Estado en cuanto a la criminalidad, pero la experiencia y el sentido común me llevan a inferir que algo no estamos haciendo bien, ya que el hacinamiento en las cárceles aumenta cada año. Es cierto también que esas 15 peni­tenciarías que funcionan en el país son viejas y obsoletas, por lo que es oportuno conside­rar la renovación de sus infraestructuras, así como poner en funciones a guardiacár­celes capacitados y mejor remunerados para disminuir al máximo los casos de sobor­nos de peligrosos delincuentes dispuestos a escaparse.

Décadas atrás, esos recintos fueron concebi­dos para una época en que los delincuentes acechaban de manera casual y aislada, con homicidios y robos. Generalmente actuaban solos y no disponían fácilmente de armamento costoso y de la logística grupal, por lo que era más sencillo tenerlos bajo llave en esos lugares. Con el tiempo eso ha cambiado. Los criminales en Paraguay hoy se conectan y se ayudan, y han construido toda una red para tener respaldo armamentístico y logístico para la comisión de hechos punibles, que los fortaleció y sus atracos son más grandes y violentos. No se amilanan ante nadie, menos ante una Policía Nacional que no cuenta con todos los recursos como para hacer frente con éxito a poderosas organizaciones criminales.

Hoy, los que van a parar tras las rejas son sumamente peligrosos, con el agravante de que dentro de las mismas cárceles reclutan adherentes y cuentan con recursos financie­ros inagotables para someter a quien sea para lograr sus objetivos. Esto quedó demostrado, una vez más, con lo que ocurrió el domingo 19 de enero en Pedro Juan Caballero, de cuya cár­cel se escaparon por el portón frontal unos 76 reclusos, en su mayoría integrantes del Primer Comando Capital (PCC).

Los tres poderes del Estado deben unirse más y dialogar. Paraguay debe revisar científica­mente la eficacia de la pena aplicada a los delin­cuentes y el objeto de las mismas que conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional, referente a la readaptación de los condena­dos y la protección de la sociedad así como las medidas de seguridad existentes. Está bien que nuestras autoridades piensen en construir más cárceles como una solución al problema de hacinamiento de peligrosos delincuentes, pero al mismo tiempo es triste saber que en vez de apuntar a construirlas, deberían elaborar un plan estratégico para abrir más escuelas y universidades de aquí a 30 años. De no tra­bajar en medidas preventivas y correctivas serias (jurídicas, sociales y políticas) a largo plazo, ni cien cárceles de extrema seguridad van a ser la solución para el combate creciente de la criminalidad en el Paraguay.