Años atrás, mientras cursaba el último año de Derecho en la universidad, nos pidieron hacer una visita al penal de Tacumbú para asistir a internos sin condena ni abogados, como una herramienta que vinculaba a la universidad con la comunidad, y que a nosotros, los estudiantes nos permitía “aterrizar” el contenido curricular. Pues bien, aquello además de desarrollarse en un escenario dramático, también resultó en un excelente muestrario del fracaso de toda la política penitenciaria del Paraguay, que lejos de “proteger a la sociedad” y “readaptar a los condenados” –como manda la Constitución Nacional al referirse a los objetivos de la pena privativa de libertad– mantenía un gran depósito de seres humanos.

Hoy se sabe que la estadía en Tacumbú puede ser más o menos llevadera, dependiendo de los recursos de que dispongan el condenado y su familia. Lo que significa que también puede resultar en un infierno para quienes no pueden pagarse un mejor pasar. Esto nos puede llevar a otra discusión que es la siguiente: ¿Debe el Estado hacerse cargo del sostenimiento en condiciones dignas de personas que están fuera de la ley? Los tratados internacionales que como país hemos suscrito dicen que sí.

No obstante con independencia de este criterio, y volviendo a la cuestión que a todos nos interesa como sociedad y que es el cumplimiento del objetivo de readaptar a los condenados para el cumplimiento del consiguiente que es la protección de la sociedad, el diseño y la ejecución de políticas públicas que apunten a la población penitenciaria –estimada en más de 16.000 personas en el Paraguay– es un tema que a todos nos debería interpelar por diferentes razones, siempre vinculadas a la protección de la sociedad en su conjunto.

Durante una entrevista que le hicimos a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, esta semana, sobre un proyecto para formar agentes penitenciarios y darles la posibilidad de hacer carrera a través de un sistema de escalafonamiento, la misma se refirió a una cuestión que puede considerarse clave: el uso del tiempo por parte de la población penitenciaria y la posibilidad de producir, ahorrar, bancarizarse y hasta exportar.

La ministra refirió que están intentando “retomar” la senda de la exportación para aquellas unidades de marroquinería –principalmente forrado de termos– que se habían constituido en las mismas cárceles. Y recordó que se está diseñando un plan con otros ministerios para facilitar el emprendedurismo dentro de las cárceles, mediante la posibilidad de que los pequeños emprendedores en situación de privación de libertad, puedan bancarizarse ahorrando y aprendiendo –según el caso– a hacer un manejo responsable de sus finanzas. En ese marco, estimó Pérez que alrededor del 40% de la población penitenciaria del Paraguay está vinculada a algún tipo de negocio “formal” dentro de las cárceles.

El fracaso a lo largo de los años de toda la política penitenciaria y los esfuerzos que puedan hacerse para mejorarla son un problema de todos mucho más cercano de lo que se piensa, ya no por una cuestión de humanidad –solamente– sino principalmente de resguardo del presupuesto público con el que sostenemos a 16.000 personas en las cárceles públicas, y lo que puede significar para la política criminal en general que nuestro sistema no sea capaz de readaptar a los condenados, ni de brindar herramientas de reinserción a aquellos que demuestran más voluntad que el resto de readaptarse.