Los graves hechos de corrupción en la administración pública y el desangramiento del Estado, debido al abusivo incremento funcionarios –con sus privilegios– en todas las entidades públicas deben parar. Ambas cosas tienen en común su recurrencia en esta gestión gubernativa, por lo que esta administración se expone a un estallido social de impredecibles consecuencias. En este ambiente, en cualquier momento podría encenderse una nueva mecha que haga que reaccionen sectores productivos, organizaciones campesinas, ciudadanos civiles organizados y ciertos sectores de la clase política que están alertas pescando en río revuelto. Ojalá no nos ocurra lo que pasa en estos momentos Ecuador, de Lenín Moreno.

En cuanto a los hechos de corrupción, es alarmante cómo no paran de ocurrir a diario nuevos sucesos entre referentes del entorno de Colorado Añetete, corriente de la ANR que está en función del poder de la República. Los actos de sus líderes –por omisión o acción– afectan el andamiaje de todo el país, con más razón cuando vemos que varios de ellos, que ocupan cargos clave, son unos improvisados y encima de todo, corruptos.

Es decir, estos señores juegan con fuego en una época en que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar más los abusos de antaño. La gente ahora sale a las calles a protestar sin titubeos. En el primer semestre de gestión, fueron blanco de críticas personajes como Miguel Cuevas, Patricia Samudio, Eduardo Petta, Éver Noguera, para luego, en el segundo, pasar a ser noticias –y no precisamente por su buena labor– políticos como Carla Bacigalupo, Rodolfo Friedmann y Horacio Torres, solo por citar algunos de los casos más emblemáticos.

Está claro que ningún poder del Estado escapa al “pecado” de la corrupción, pero la autoridad de mayor peso de la República, el presidente de la República, tiene que dar ejemplo a sus pares del Judicial y del Legislativo, y al país, aplicando sanciones ejemplares a los funcionarios que caen en la tentación de apropiarse de lo ajeno. La corrupción afecta a la cosa pública porque esta fue integrada al patrimonio estatal –dinero, mueble, inmueble, equipo, insumo, etcétera– como propiedad de todos los paraguayos.

La corrupción y el Presupuesto General de la Nación (PGN) están muy estrechamente ligados, pues los inescrupulosos –como muchos que hoy están empotrados en el poder– saben perfectamente que el primer “blanco” para posar sus sucias manos son los fondos públicos. Lamentablemente para la mente podrida de estos ladrones, los recursos de un Estado siempre son inagotables. Vale decir acá, y hay que aclararles a estos sinvergüenzas, que por cada guaraní que roban para llenar sus bolsillos, están haciendo sufrir a millones de paraguayos por privarles de una mejor educación, salud o seguridad.

El proyecto de PGN para el ejercicio fiscal 2020, remitido al Congreso Nacional, asciende a G. 85,5 billones (US$ 13.400 millones), de los cuales G. 45,9 billones corresponden a la administración central y G. 39,6 billones a entes descentralizados. Parece mucho, pero en realidad es poco, porque no alcanza para cubrir las muchas necesidades. Para peor, la mayoría de los ministros están pidiendo a la Comisión Bicameral de Presupuesto abismales incrementos para aumento de salarios. Las instituciones recaudadoras hacen un gran esfuerzo por abultar las cifras y poder engrosar el PGN para cumplir con los compromisos. Lamentablemente, un alto porcentaje de esos fondos son esquilmados por inescrupulosos y destinados al pago de salarios de decenas de miles de funcionarios. Si no son extirpadas las roscas y mafias que administran cada año estos recursos del PGN, la realidad del Paraguay será siempre la misma. La política del “papá Estado que todo lo puede” está perimido y hay que cambiar la estrategia.

El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben acordar acciones conjuntas que permitan una urgente reducción del aparato estatal (300.000 empleados), así como comenzar un proceso serio de eliminación de gastos superfluos e invertir en una mayor tecnología que nos permita hacer frente a la necesidad de los usuarios y ofrecer servicios con mayor eficiencia en el futuro. El Congreso Nacional mismo puede dar un paso gigante con la reducción a mediano plazo de la cantidad de legisladores, a los efectos de reducir costos, tal como lo hizo Italia esta semana que resolvió achicarse en casi la mitad. La transparencia y los controles de nuestros poderes del Estado deben ser los ejes de todas sus acciones para que los escasos recursos administrados estén protegidos bajo 7 llaves, con más razón si tenemos en instituciones públicas a improvisados que son conocidos por amañar licitaciones, sobrefacturar concursos de precios y coimear a diestra y siniestra.