Cada vez se suman más hechos que nos hacen dudar sobre la efectividad del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Esta Ley de 1975 basada en necesidades de políticas de defensa de décadas pasadas, anterior a la promulgación de la Constitución de 1992, está caduca y es obsoleta. Debe ser reformulada. Con tino, la Comisión Permanente del Congreso resolvió que la cuestión sea tratada a fondo en marzo en el inicio de período de sesiones del Poder Legislativo. Los congresistas deben dejar de lado todo tipo de fanatismos y revisar una norma que a todas luces se quedó en el tiempo y que ya no representa las necesidades del presente y del futuro de nuestros jóvenes.

La presencia de casi 150 menores en los cuarteles no asombra, pero sin lugar a dudas es irregular, como lo observó la Justicia en los últimos días. Los padres no deberían autorizar a sus hijos acudir a una unidad militar o policial sin antes cumplir los 18 años. Esto no es capricho, sino que es para darle al chico más tiempo de madurez a los efectos de que él decida realmente si quiere prestar un servicio militar, policial, hospitalario, comunitario o de limpieza de la ciudad. Un padre, una madre, que quiere verdaderamente a su hijo, obra de esta manera. Aquellos que por egoísmo o para las apariencias los mandan poner uniformes contra toda voluntad, no saben lo que es el amor hacia los hijos.

En los últimos días han circulado en redes sociales numerosas denuncias de padres de familias, quienes merecen absoluta credibilidad, de que en los últimos días del 2018 y en los primeros días de este nuevo año, los agentes de policías de las comisarías barriales del Gran Asunción están aprovechando la presencia de sus hijos de entre 18 a 26 años –quienes van a tramitar Vida y Residencia en su zona por motivos laborales– para decirles que como “no hay voluntarios” y por una “orden superior” deben ser puestos en una “lista” para prestar servicios voluntarios.

De ser ciertas esas denuncias, ese mecanismo es represivo y totalmente ilegal. La Policía no tiene por qué condicionar la entrega de un certificado de vida y residencia. Si una persona tiene algún problema de antecedente penal es otra cuestión, situación que si ocurriera el mismo quedaría automáticamente detenido. Tampoco está en sus facultades hacer ningún comentario sobre el SMO en su zona. El interesado en prestar un servicio voluntario tiene los mecanismos y procesos legales de acudir a la Defensoría del Pueblo, donde se declara primero objetor de conciencia, para luego decidir qué tipo de servicio voluntario prestará en su comunidad. El Ministerio de Defensa Nacional ya aclaró que no se exigirá la libreta o carnet del SMO a ningún ciudadano para la tramitación de documentación alguna.

En el marco de todo este entuerto que desató a fin de año y principios de éste el SMO, cierta autoridad del Ejecutivo –no importa el nombre, lo que importa es su manera de pensar– señaló en las últimas horas que hay jóvenes que se resisten a tocar armas en los cuarteles pero que sin embargo se vuelven motochorros. Son desatinadas y reprochables estas palabras. Este Ministro sabe perfectamente bien que –tomando solamente los últimos 10 años– existen policías y militares, duchos en el manejo de armas, que han sido también feroces delincuentes. Es decir, no por ir al cuartel unos meses a conocer cómo se dispara un fusil calibre “punto 30”, un joven saldrá de allí hecho un manso corderito de por vida o un samaritano ejemplar. Los orígenes de la delincuencia tienen que ver con la educación familiar y con el entorno en que se desenvuelve una persona. Será muy difícil que un cuartel o comisaría pueda suplir las falencias de una educación familiar.

En marzo, la Ley de 1975 del SMO debe ser profundamente revisada. Los legisladores deberían mirar más allá del sexo masculino, para incorporar también al sexo femenino en el servicio comunitario obligatorio en un contexto de necesidad mundial en que las mujeres tienen mucho que aportar en todos los ámbitos. Últimamente, las mujeres ganan espacios de poder en cargos de relevancia. Es más, las luchas son mundiales por la igualdad de derechos frente al hombre. De hecho, la Academia Militar y la Academia de Policía ya tienen estudiantes de ambos sexos en sus filas desde hace años.

Hoy, la defensa nacional ya no es fuerza bruta como en la primera o segunda Guerra Mundial, sino que es aplicación de conocimiento y de tecnología de punta. Entonces, ¿por qué seguir hablando solamente del sexo masculino al momento de pensar en un servicio comunitario obligatorio? ¿Acaso las jóvenes de 18 a 26 años de edad no tienen nada que aportar? ¿Les preguntamos a ellas si quieren o tienen algo que aportar? En Israel, por ejemplo, las mujeres son el puntal de la reserva del Ejército. En tal sentido, viendo desde toda esta perspectiva, de plano, el nombre de SMO queda desfasado totalmente.

Lo que cabe acá en todo caso es una ley del servicio del voluntario comunitario (SVC), con reglas bien claras que pueda abarcar a ambos sexos. Por su parte, las FFAA y la Policía no deberían mezclarse con esa nueva ley, ya que estas instituciones deberían tener mecanismos legales propios para su profesionalización y captación de jóvenes mayores de edad con convicción de usar uniforme toda su vida. En fin, esto es apenas un disparador para una discusión que llevará mucho tiempo y que abarcará a toda la sociedad.